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El problema no es concesionar o privatizar

 19 oct 2018

Por: Otto Granados

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Otto Granados



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Es un funcionario público, consultor, académico y diplomático mexicano. Ha desempeñado una extensa c ...



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Pues de nueva cuenta ha surgido una discusión a nivel nacional acerca de las concesiones para el aprovechamiento de cuencas y la extracción del agua en el país, que aluden, a mi juicio, el asunto de fondo que es identificar como puede el Estado proveer agua potable en condiciones al parecer cada vez más complejas desde el punto de vista ambiental.

Desde luego que hay varios enfoques, dos de los cuales tienen que ver con asumirlo como un derecho o bien, cómo gestionar la administración del líquido para hacer delirar ese derecho; y son dos cosas distintas.

Mi punto de vista es que son tales la dimensión y la complicidad de las necesidades sociales y urbanas, que en un contexto de menores recursos presupuéstales, y de búsqueda de mayor calidad y transparencia, los gobiernos modernos, eficaces y creativos, tienen que proporcionar dichos servicios mediante modalidades novedosas, entre los cuales destaca la activa participación del sector privado, algo que está sucediendo en prácticamente todo el mundo en áreas privadas como el agua, por supuesto, pero también el alumbrado público, el tratamiento de residuos, la educación, la salud, el transporte, la seguridad o incluso los sistemas penitenciarios.

Dicho de otra forma, lo relevante es que los servicios públicos lleguen en las mejores condiciones de calidad, equidad, sustentabilidad, inclusión y precio a los ciudadanos, y no quien hace la prestación de los mismos.

La primera condición para entender esto tiene que ver con una concepción innovadora de la gestión pública. Desde hace ya varios años hasta prácticamente el inicio del nuevo siglo, muchos países emergentes y desarrollados emprendieron distintos tipos de reformas para gobernar por resultados y por redes. Si bien algunas con éxito, otras tuvieron resultado modestos y la discusión se comenzó en el proceso, y no en el modelo, y por consecuencia se contaminó políticamente.

Es decir, los modelos verticales, jerárquicos propios de burocracias pesadas, que ejercen el monopolio de las decisiones públicas, ya no responden a las nuevas demandas porque el objetivo es ahora satisfacer las necesidades de un ciudadano que al mismo tiempo es un consumidor. De tal manera que el Estado para así, de ser en ciertas materias un proveedor absoluto o único, a ser un facilitador que conecta la iniciativa y los recursos privados, con las necesidades públicas.

La segunda cuestión en torno a la participación privada en torno a un servicio público como el agua, tiene que ver no solo con calidad, con oportunidad, con eficiencia y con presupuestos, sino también históricamente con asuntos de menor opacidad. Hasta ahora, y no solo en el caos del agua, buena parte de la corrupción mexicana a nivel municipal se explica porque la burocracia ha obtenido históricamente el control absoluto sobre la prestación de distintos servicios públicos, y la evidencia internacional sugiere que dicho control lleva inevitablemente a hacer de una facultad pública, un negocio privado o un feudo privado.

Es decir, hasta antes de los años 80, cuando México vivía en una economía cerrada, con nula competencia y una fuerte intervención estatal, la mayor parte de la interacción de los ciudadanos y de los agentes económicos con el Gobierno, se conducía por regla general a partir de criterios patrimoniales y discrecionales, desde obtener un permiso de importación hasta instalar una línea telefónica.

En otras palabras, la introducción de mecanismos de mercados transparentes y bien regulados en varios de los servicios que presta el Gobierno, le prestan poder a esa burocracia que los controla como si fueran propios, y esos mecanismos suelen ser más eficaces bajo administración privada.

En suma, una mejor supervisión, una mejor regulación y control de los sistemas de servicios públicos concesionados, y por ende una mejor prestación de esos servicios, se consigue con un buen marco normativo, con organismos técnicamente muy competentes y estables en el tiempo, y con mecanismos robustos de transparencia que provean al público de información suficiente. En todos estos casos el problema no es privatizar o concesionar, sino una buena regulación para que estén bien ejecutados.

 

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión