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Movilidad en el paradigma

 5 abr 2019

Por: Alan Capetillo

Corre ya casi la mitad de su sexenio y Martin Orozco empieza, según parece, a concretar lo que prefigura como el gran legado de su administración. Una profunda reingeniería del esquema integral de movilidad en el Estado seria -de ser concretado con éxito- ciertamente un logro de alto valor y merito en un tiempo en que los gobernantes muchas veces buscan únicamente pasar a la historia con veleidades faraónicas o discursivas objetivamente inútiles en la vida cotidiana del ciudadano común. 

En ese sentido un esfuerzo honesto y articulado por darle al ejercicio de gobierno un efecto transversal y sustantivo para la vida de todos en esta ciudad es ciertamente algo que se debe reconocer y acompañar desde la sociedad civil. 

Aunque la movilidad es ciertamente algo más complejo y amplio que el trasporte público, y aunque el transporte publico no es solo el transporte colectivo urbano, ciertamente debe de valorarse y respaldarse socialmente la voluntad política demostrada por el ejecutivo al decidirse a enfrentar y cuestionar la existencia y funcionamiento de esa mafia histórica de intereses creados que conocemos como Atusa.   

Aunque la verdad se ha dicha tampoco se trata de satanizar unas siglas, que en algún momento del pasado pudieron tener un sentido, lo cierto es que tal esquema de trabajo y explotación de un servicio público es ciertamente al día de hoy una forma poco inteligente de atender tan fundamental asunto. Mas allá del cuestionamiento moral de tener a un grupo de privilegiados por pasados gobernantes administrando monopólicamente tan apremiante necesidad pública, lo cierto es que el paradigma -es decir, la forma en que entendemos- el funcionamiento del servicio para una sociedad y una estructura urbana con necesidades de transporte cada vez más complejas es ciertamente muy ineficiente y costoso. 

Un cartel de asociados, individuales en la operación, pero agrupados únicamente por la lógica del chantaje político colectivo no pude por definición constituir una estructura administrativa y económica con la capacidad necesaria para adaptar flexiblemente los intereses individuales de cada concesionario a las necesidades cambiantes y fluctuantes del conjunto masivo de usuarios del servicio. Una estructura de costos y responsabilidades de ese tipo -privada y pública a la vez- esta necesariamente condenada al fracaso de su rentabilidad y calidad. La baja calidad en el servicio no es realmente un asunto de costos o de voluntades políticas, es un problema de la estructura de operación del servicio en si misma. 

Cada vez con mayor claridad el Gobierno del Estado parece empezar a señalar y buscar resolver este problema estructural. Considerando las dificultades políticas, jurídicas y económicas implicadas, es necesario que la sociedad civil acompañe este esfuerzo con la finalidad de habilitar la que puede potencialmente una transformación positiva en el paradigma de vida diaria de decenas de miles de personas en Aguascalientes. 

Si los planes anunciados por Orozco terminan por materializarse algo ciertamente valioso nos habrá legado su administración. Incluso quienes no votamos por el lo debemos reconocer. 

 

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión