A mano y con letra ilegible, así "cumplen" funcionarios su declaración patrimonial
Todos los integrantes del gabinete publicaron su declaración, pero con la mayoría de los datos censurados.
A mano, con letra ilegible y censuradas, publican las declaraciones patrimoniales de la gobernadora y los 58 integrantes de su gabinete en el sitio web del Gobierno del Estado, las cuales corresponden al ejercicio fiscal 2022.
La llamada 3 de 3 es una obligación que deben cumplir los funcionarios para hacer pública su situación patrimonial, de intereses y fiscal, apegándose a los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. No obstante, al revisar estos documentos, destacan las barras negras en los documentos, para ocultar datos e impedir que la información sea visible.
La mayoría de los funcionarios se limitan a transparentar datos personales como su nombre, su correo electrónico, nivel educativo y datos del empleo, cargo o comisión actual. Pero ocultan las aclaraciones u observaciones.
En la experiencia laboral, donde se deben desglosar los últimos 5 empleos, hay casos que no lo hacen, como el Secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso García, el de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, la secretaria de desarrollo social, Patricia Castillo o la de obras públicas, Carolina López, entre otros.
En los datos de la pareja y/o dependientes económicos, ninguno de los 59 funcionarios los transparentó, lo que dificulta rastrear posibles conflictos de interés.
En el caso de los bienes inmuebles, hay quienes son más transparentes que otros y mientras algunos sí publican el tipo de bien o de quién lo adquirieron, otros lo omitieron y aparece censurado. En este apartado, se desglosan casas, terrenos, departamentos, vehículos, joyas y/u obras de arte.
Son pocos, y a medias, los que dejan ver sus inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores/activos, así como deudos y demás datos financieros como préstamos o comodatos por terceros.
La misma situación se presentan en la declaración de conflictos de interés, donde resulta imposible identificar si los funcionarios cuentan con participación en empresas, sociedades o asociaciones, o si reciben apoyos o beneficios públicos y sus clientes principales en caso de existir.
En febrero de este año, el gobierno presumió en un boletín, ser el primer estado donde todos sus funcionarios presentaban su 3 de 3, mismo que estuvo disponible hasta hace unas semanas.