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¿Veolia se va?

 12 jul 2021

Por: Jesús Eduardo Martín Jáuregui

En los últimos meses del gobierno del señor Otto Granados Roldán, siendo presidente municipal  el señor Fernando  Gómez y líder de la mayoría priísta del Congreso del Estado el señor Enrique Pasillas Escobedo se aprobó concesionar el servicio de agua de la ciudad de Aguascalientes a una empresa filial de la francesa General des Eau. Era una apuesta novedosa metida un poco con calzador dentro del marco legal de los servicios públicos. Una apuesta con resultados curiosos también, porque desde entonces no ha habido un presidente municipal, incluyendo la actual, que no señalen que la concesionaria no cumple y no ha cumplido adecuadamente con el servicio y, sin embargo, no sólo no se ha ido, sino que en varias ocasiones se ha revisado el convenio para fortalecer su permanencia. 

Cuando se concesionó, la regulación del artículo 115 constitucional había sido remozada para fortalecer a los municipios con la exclusividad de los ingresos por concepto de impuestos inmobiliarios y el monopolio de la policía preventiva. Éste último duró poco y en la mayoría de los estados se crearon policías estatales que, al paso del tiempo, han mostrado que ni unas ni otras han sido eficaces para controlar la delincuencia y, antes al contrario, como sucedió con la llamada CIPOL que trajó Gabriel Arellano, se agudizó la corrupción, la división y el enfrentamiento entre los mandos, las corporaciones y el personal. Los servicios públicos incluído el del agua se consideraban responsabilidad única de los ayuntamientos. 

Autorizada la concesión, un grupo de ciudadanos, asesorados, entiendo, por el licenciado Juan Nájera Castañeda, promovieron un amparo que llegó a las mas altas instancias judiciales, resolviendo el Poder Judicial de la Federación que concesionar el servicio de agua no era inconstitucional, lo que dió un respiro a la concesionaria ya que no podría cuestionarse su legalidad.

Ese argumento, el de la constitucionalidad, ya no existe. Hace algunos años se modificó el artículo cuarto constitucional para establecer que el proporcionar agua accesible y asequible es una obligación del estado porque es un derecho fundamental de los ciudadanos y que, en términos de la Organización de las Naciones  Unidas la dotación mínima de agua potable por día por persona debe ser de 50 litros en nuestro caso responsabilidad del Ayuntamiento.

La presidente municipal, a la que quedan pocos meses, todavía tiene la oportunidad de combatir la concesión ya sin los pretextos de la constitucionalidad 

Es todo por hoy, hasta una próxima, si la hay.

 

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión