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Pegasus

 28 jul 2021

Por: Martín Barberena

Pues nos encontramos este fin de semana con la publicación de lo que se conoce como el Pegasus Project, que es una investigación que fue coordinada por una organización francesa que se llama Forbidden Stories, dedicada al periodismo de investigación.

En la investigación participaron más de 80 periodistas de 17 distintos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, repito, en diferentes partes del mundo.

Los hallazgos del Pegasus Project son muy importantes para México. Ellos estiman que aproximadamente 50,000 números de teléfono aparecen como potenciales objetivos de espionaje con el uso de este software, Pegasus, y de manera muy relevante más de 15,000 de esos números poseen un código de país que corresponde al de México, es decir, más de 30% de las actividades detectadas como espionaje con el uso de este software a lo largo del mundo corresponden a nuestro país.

Dentro de los las personas espiadas en México ya sabemos que están muchas del entorno del presidente López Obrador. Pero también están defensores de Derechos Humanos, comunicadores, miembros de organizaciones de la sociedad civil, empresarios, familiares de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, periodistas, etcétera.

Curiosamente, en el caso de los periodistas se menciona a algunos que posteriormente resultaron asesinados, así es que la investigación decididamente es relevante para México.

Recordemos que esta investigación confirma los hallazgos publicados desde el 2017, en otra investigación que correspondió al 2016, 2017 y que fue realizada por Citizen Lab en Toronto, por Artículo 19, por social TIC, etcétera, que fueron, junto con periodistas de Proceso y de Aristegui Noticias, y fueron los que se encargaron de investigar el espionaje en aquel entonces a Carmen Aristegui, sus familiares y equipos de trabajo, y a varios centros de derechos humanos, particularmente al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que representa a los intereses de las familiares de los muchachos de Ayotzinapa, y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que representa a los propios muchachos de esta desaparición forzada del Estado Mexicano.

En aquellas revelaciones, y en estas, se reafirma que desde las agencias del Estado mexicano, como el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, y la Secretaría de la Defensa Nacional, tenían un patrón, un patrón generalizado: el del uso de sistemas de vigilancia gubernamental en contra de estos actores, periodistas, defensores de Derechos Humanos, activistas y opositores políticos, para espiar sus actividades con fines que no nos han sido revelados.

Toda esta investigación pone de relieve la necesidad de que el actual Gobierno mexicano, garantice una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas del espionaje, a los responsables materiales e intelectuales, de perpetrar esos ataques; a los que adquirieron el software, a los que lo operaron, a los que guardaron la información, a los que hicieron uso de esa información y a todos los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los mismos, de manera que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer la verdad completa. 

Ya sabemos que el Presidente seguramente nos dirá que fue heredado, pero la verdad es que hoy por hoy no tenemos claro si el software se sigue utilizando en el país. 

De resguardar su no uso, no sabemos quién lo compró, quién lo operó, dónde quedó la información que fue espiada a todos estos actores, incluyendo al entorno político del propio López Obrador, si ya se destruyó ese material, si sigue, repito, por ahí en alguna de las dependencias del Estado mexicano.

Lo normal es que la administración actual deseche todas estas peticiones, porque declara que son temas de seguridad nacional, pero yo creo que no puede haber mayor seguridad nacional que la protección de los derechos humanos de las personas y merecería, al menos una respuesta contundente del Estado mexicano, qué se ha hecho con este software y con las personas responsables, no vaya a ser que al Presidente se le ocurra rifar algún día Pegasus, como lo ha hecho con otros acciones confiscadas de por acciones ilegales, o bien, que haga una consulta confusa para saber si tiene que aplicar la ley.

Ya está denunciado, ya se puede proceder en contra de estas personas y necesita el Estado claridad y contundencia. Darnos a conocer qué ha pasado o qué se hizo con la información obtenida, con esos 15,000 números de mexicanos reportados en esta investigación hecha por este conjunto de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad a lo largo y ancho del mundo.

Todo esto pone en tela de juicio la función transparente de la Fiscalía General de la República y de la Administración del Presidente de la República. Tiene que haber transparencia absoluta en los contratos anexos técnicos, expedientes y cualquier información relacionada al espionaje gubernamental y por sí mismo, este dato, debería ser suficiente para llamar a dar cuenta frente a las autoridades, a los responsables de la Administración de Peña Nieto que se encargaron de la utilización de este espionaje, y dejar claro de una vez por todas que no se sigue espiando en el Estado mexicano. 

A todos los mexicanos nos debería interesar este tema. No permitamos que se banalice, que se haga otra encuesta dudosa, que se rife el software para utilización de otras cosas; no, tenemos que ser muy claros y ya hay denuncias concretas, ya no es cuestión de ver si la justicia se tiene que aplicar y preguntarle al pueblo bueno sí debemos aplicar la ley.

 

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión