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Perspectiva. El show de la corrupción

 2 jun 2022

Por: Enrique Gómez Orozco

Cualquiera diría que es sencillo eliminar la impunidad y la corrupción en el País. Enrique Peña Nieto -distinguido corrupto casa blanquero- dijo alguna vez que la corrupción era un asunto “de cultura”. Por venir de un presidente de la República, era la peor confesión y cinismo que hayamos escuchado. 

Lo vergonzoso es que es cierto. En México la corrupción y la impunidad van de la mano y permean a todas las capas sociales y en todos los ámbitos, desde el contrato multimillonario que otorga un funcionario público a un prestanombre; las facturas falsas que compra; los trámites cotidianos adelantados con mordida en las oficinas públicas. Hay una cultura en lo público y privado de darle la vuelta a la norma para obtener ventajas. 

Hay administraciones que se distinguen por los excesos que parecen locura. Todo lo que hizo Javier Duarte con el presupuesto de Veracruz (robó al menos 3 mil millones) brotaba como de alcantarilla. Fue imposible que su amigo el presidente Peña lo perdonara. 

El primer empujón que da la 4T a la corrupción es la disminución de salarios de los funcionarios de alto nivel. Con retórica populista se “capó” a unos 100 mil pesos mensuales (más algunas prestaciones)  el salario neto de secretarios, subsecretarios y directores. Es un ingreso muy alto para la mayoría de la población, pero no es competitivo en el mercado laboral. Pongamos un ejemplo sencillo: 

Según la norma, el secretario de Salud gana unos 120 mil pesos mensuales libres. Si es un especialista reconocido o un cirujano competente, con tres o cuatro operaciones que realice al mes, gana más que el responsable de la salud pública en el País. 

Desde hace años, los magistrados del Poder Judicial eran (y son) los funcionarios con mayor ingreso de hasta 4 millones al año con prestaciones. La idea de pagar bien a jueces y magistrados tiene una razón de ser: evitar en lo posible que la justicia se venda al mejor postor. La carrera judicial en Guanajuato es ejemplar comparada con otras partes del País porque tenemos una mejor cultura que en estados como Jalisco o Michoacán. 

Cuando Layda Sansores, gobernadora de Campeche, destapa la cloaca de las finanzas del ex gobernador Alito Moreno, sabemos que son conversaciones normales para un ex gobernador del PRI o del PAN o de cualquier otro partido. Un gobernador puede administrar unos 500 mil millones de pesos durante su sexenio. Si gana bien y no gasta un peso, podría ahorrar entre 15 y 20 millones porque sus gastos están cubiertos. La tentación de meterle mano al presupuesto es enorme, sobre todo cuando se puede hacer con total impunidad. 

El Bronco, cuyo lema era luchar contra la corrupción y hasta proponía “cortarle las manos a los rateros”, terminó acusado de hacer contratos de miles de millones con sus cuates. En nuestras narices vemos a Bartlett acumular fortunas inmobiliarias y a funcionarios de Segalmex desaparecer miles de millones y hasta invertir en bolsa los fondos públicos. Nada pasa. 

Cualquier funcionario no está impedido de tener negocios o haberlos tenido. La regla sería sencilla, no hacerlos con la dependencia que dirige, el municipio o el estado que gobierna. Ricardo Sheffield dice tener negocios desde siempre. Está bien. Lo que no debería hacer es asociarse con subalternos. Eso está mal. 

Pasó ya más de la mitad del sexenio y el responsable de la mayor degradación e impunidad, goza en España de su inmensa fortuna. Por eso las encuestas muestran que la gente no cree que haya disminuido la impunidad y menos la corrupción.

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión