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La Luz del Mundo

 5 jun 2022

Por: Alan Santacruz

Las instituciones religiosas deben, por necesidad democrática, republicana, y civil, mantenerse fuera del ámbito de la política y de los mecanismos electorales, administrativos, y jurídicos del ejercicio del poder público. Esto es una obviedad, pero es también algo que no suele cumplirse.

Dotar, permitir, o solapar espacios de poder político a las iglesias y a sus órganos de militantes, opera en contra de la democracia y de la pluralidad; y vulnera los derechos humanos de las personas, sean de la confesión de fe que sean.

En días pasados, el violador y pastor evangélico Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, se declaró culpable de al menos tres cargos de abuso sexual a menores de edad, de los 19 cargos que tiene en California, Estados Unidos.

Ese mismo líder evangélico preside una iglesia que afirma tener presencia en 58 países y dice contar con al menos cinco millones de feligreses por todo el mundo. Esa misma iglesia tiene vínculos políticos con partidos y organizaciones en México y el extranjero.

Esos vínculos políticos le han permitido encumbrarse, operar ilícitamente, y violentar a las personas durante años, con toda impunidad. Esos vínculos políticos permitieron que el pastor violador fuera homenajeado en el Palacio de Bellas Artes durante la actual administración federal.

El arrastre popular que pueda tener una iglesia, de la confesión que sea, nunca debe usarse para el chantaje político. No sólo porque desde el poder imponen su credo particular, sino porque ese chantaje les permite violar derechos humanos y quedar impunes en nombre de un dios.

 

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