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Ni estado de derecho, ni propiedad privada

 24 jul 2020

Por: Otto Granados

De no haber una recomposición en la integración de la Cámara de Diputados en 2021 que permita el establecimiento de un sistema de pesos y contrapesos y limite los abusos del Gobierno Federal e impida las malas decisiones, es posible que en el corto plazo ocurran al menos dos cosas que pueden violentar el estado de derecho de un manera grave e inédita en la historia reciente del país.

La primera va en relación a la propuesta presentada por Morena de convertir al INEGI en una mezcla de entidad fiscalizadora y tributaria para, según ese partido, medir los activos que cada mexicano tenga y de allí diseñar algún sistema confiscatorio que le permita al gobierno tomar recursos ajenos y trasladarlos a sus clientelas electorales, violando un principio fundamental del estado de derecho que es el pleno respeto a la propiedad privada.

Esto supondría, si llega a pasar, que cualquier agente gubernamental puede tener atribuciones para entrar a la casa de cada mexicano, dictaminar a voluntad el valor de su patrimonio y decidir que una parte de ello o el total sea trasladado a otras manos, sencillamente porque así lo decidió el gobierno federal.

Esto, desde luego, no ocurre en ninguna otra parte del mundo excepto en lugares como Cuba o Corea del Norte, pero va en sintonía de lo que ya se hizo en Venezuela con resultados catastróficos como es bien sabido. 

Y la segunda es que, como el gobierno es insaciable y la economía no crecerá en todo el sexenio, se encuentra ahora en una situación desesperada porque no tiene liquidez para el gasto político y le es urgente ver de dónde saca más dinero, y esa fuente, por supuesto, son los contribuyentes mexicanos. 

Pongamos las cosas en un contexto apropiado. La necesidad de una reforma fiscal en México es un tema tan viejo como indispensable, entre la abundante literatura especializada destacan por ejemplo las recomendaciones que el Banco Mundial preparo para México hace 20 años, consistentes en que reformara integralmente su sistema tributario a partir de distintos criterios como la eficiencia económica, la equidad social, la simplicidad administrativa y otros, e incluyera modificaciones en los aspectos ya conocidos como por ejemplo el caso del IVA, el ISR, las extensiones y los regímenes especiales que existen todavía, para lograr en conjunto el efecto inmediato de 3% más de ingresos públicos adicionales como proporción del PIB, y unos años más tarde, entre 5 y 6%. 

Pero en lugar de abordar el tema con una perspectiva mucho mejor informada y mejor documentada, Morena o su gobierno quiere, por ejemplo, gravar el patrimonio o las herencias, fuentes de riqueza que ya pagaron sus correspondientes impuestos a lo largo de su formación, se trata de un impuesto directo sobre los bienes que cada quien tenga, y además de carácter progresivo, es decir, que cuanto mayor sea la cantidad de la herencia o de la donación, mayor será el porcentaje a pagar. 

La aberración es que le buscan por todos lados para no tener que abordar la cuestión de fondo que consiste en lo siguiente: en México, solo 4 de cada 10 mexicanos están en la economía formal, o sea, pagan puntualmente impuestos como el de la renta, de manera que toda reforma fiscal, si no corrige esta grave distorsión, será profundamente inequitativa y alentará a migrar hacia la economía informal que no paga los impuestos renuentes. 

Por lo tanto, lo que hay que hacer es bajar los impuestos corporativos, como ya sucede en países de alto crecimiento como Irlanda y otros más, y al ahorro para alentar la inversión, generalizar el IVA que es un impuesto regresivo porque beneficia, según cálculos de algunos analistas económicos, al 30% de la población de mayores ingresos, y podría aportar en torno a un 3% del PIB adicional, y es además un tipo de gravamen eficiente, transparente y fácil de recaudar. 

Eliminar conceptos que deja de recaudar el erario federal por tazas diferenciales, extensiones, subsidios, regímenes especiales, como, por ejemplo, hay 14 estímulos al sector primario que, según la Secretaría de Hacienda, representaron el año pasado casi 37 mil millones de pesos. O bien las extensiones del pago del impuesto especial sobre productos y servicios a algunos sectores protegidos, entre otras cosas. 

En síntesis, si los poderes legislativo y judicial no cumple con su responsabilidad, todo parece indicar que todo México podría empezar a transitar hacia un régimen político donde no existe el estado de derecho ni la propiedad privada.

 

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión

 



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