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Disyuntiva

 16 nov 2020

Por: Gloria Margarita Romo Báez

Muchas de las decisiones de política pública puestas en marcha por esta administración federal han sido polémicas y muy cuestionadas por un amplio número de personas que pertenecen a los distintos círculos políticos, intelectuales, sociales, empresariales y ciudadanos que pensamos diferente al presidente.

En el caso particular de los impuestos, el gobierno ha tendido dos aciertos, uno es cobrar lo que deben pagar los contribuyentes, especialmente los grandes, y otro es eliminar la facultad del ejecutivo para condonar impuestos.

Este cambio de política recaudatoria ha permitido al gobierno ingresar a la hacienda pública, en lo que va de 2020, más de 155 mil millones de pesos que han pagado algunos grandes corporativos, como BBVA, FEMSA, Walmart, IBM, Grupo Modelo, América Movil, etc.

En el contexto actual de afectación generalizada por causa de la pandemia de covid-19 es claro que el gobierno está resintiendo los efectos de una menor recaudación, motivado además por la caída de la economía.

Es por eso que el proyecto de Ley que en días pasados se envió al Congreso para prohibir la subcontratación de personal y modificar la contratación de servicios especializados son acciones coordinadas para evitar la evasión y elución fiscal.

Esta iniciativa no cuenta con el beneplácito de la iniciativa privada pues las empresas serán las más afectadas si esta propuesta de Ley es aprobada, lo cual fortalecería el mecanismo de fiscalización Y cobranza de impuestos, y además destruiría el paraíso fiscal del cual toman ventaja muchos actores del sector empresarial.

Esta nueva iniciativa modificará la Ley Federal del Trabajo; la Ley del Seguro Social; la Ley del Infonavit; el Código Fiscal; la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, por lo que se trata de una propuesta integral para fortalecer el sistema recaudatorio.

Lo negativo de esta iniciativa es la criminalización que se da, ya que se pretende castigar con cárcel a quienes incurran en defraudación fiscal al evadir el pago de ISR e IVA, eso a nadie gusta porque entonces surgen los excesos.

No podemos cuestionar la nueva política recaudatoria porque finalmente el SAT cobra a los contribuyentes los impuestos que la Ley establece, lo que es discutible es la criminalización que da a quienes violen la Ley, y el destino que se dará a esos impuestos.

¿Por qué digo esto?, sólo basta revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 aprobado por la Cámara de Diputados, en donde destaca la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos, ejemplo de ello es que ya no será necesario informar el destino de los subejercicios; ya no será pública la información de las contrataciones; y en lo sucesivo la Cámara de Diputados ya no podrá emitir opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal.

La preocupación continua cuando el gasto neto total pasa de $6.1 a $6.3 billones de pesos, observándose una caída en términos reales de 0.3 %, respecto a 2020. No sólo eso, sino que castiga

programas que tienen un efecto multiplicador en la economía, por ejemplo, la reducción del 50% y 22% en proyectos de construcción de carreteras y reconstrucción y conservación de carreteras; cero apoyos de las Mypymes; la reducción a las entidades autónomas, a cambio de ampliar el presupuesto asignado a la Secretaría del Bienestar en más de $191 mil millones de pesos para continuar comprando voluntades.

La disyuntiva a la que nos enfrentamos es, ¿continuar comprando voluntades a cambio de votos o reordenar el gasto hacia actividades productivas que generen valor, empleo y bienestar?

 

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión

 



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