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La justicia y la política

 26 nov 2020

Por: Alan Capetillo

Duro, duro y muy humillante ha sido el revés jurídico -y sobre todo político- que en los últimos días ha recibido el Congreso del Estado en su insidiosa persecución contra la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Gabriela Espinoza Castorena. En este momento, con la resolución definitiva del poder judicial federal al respecto, parece ya un hecho que la magistrada continuara en su encargo durante bastante tiempo. Llegados a este punto, muchos son seguramente los intereses y ambiciones inconfesables que se retuercen de rabia ante el patente fracaso de este vulgar intento por colonizar políticamente al Poder Judicial del Estado.

Aunque la conjura parece haber fracasado no por ello debe pasar inadvertida la gravedad de lo que se ha intentado. La falta de pulcritud, la infamia y la evidente distorsión del sentido de la ley instrumentalizadas por nuestros legisladores ha sido ciertamente vergonzosas. Sin recato ni respeto por la división de poderes, ni la más mínima consideración a la inteligencia del gremio jurídico o por el trabajo o la trayectoria de una persona, las más vulgares ambiciones han conspirado públicamente querido torcer la institucionalidad en el notorio afán de añadir a su patrimonio político el territorio neutral de la justicia.  

Ni ahora ni nunca podemos ciertamente permitirlo. No importa cuán hegemónicos sea una fuerza o un grupo político, los contrapesos de la división de poderes son una necesidad esencial de la democracia, sin ellos el autoritarismo y el miedo rápidamente socaban y eliminan la crítica y la libertad. El poder siempre debe estar dividido y nunca debe concentrarse facciosamente en un solo grupo o una sola persona. Con todas las criticas -y son muchas- que se le puedan hacer al Poder Judicial del Estado, lo cierto es que su autonomía es un valor fundamental para el conjunto de nuestras instituciones.

Carentes por definición de legitimidad electoral popular, trabajar en la pulcritud de los procesos de selección y designación de sus jueces es todavía una tarea pendiente de nuestra democracia. Una tarea que la sociedad civil no puede ni debe dejar únicamente en las manos de los ambiciosos y voraces profesionales de la política. No siendo ciertamente tampoco ningún castillo de pureza, el Poder Judicial de Aguascalientes tiene también la ineludible obligación publica de transparentarse y superar las viejas taras del patrimonialismo y el nepotismo judicial. Si bien en este caso, el vulgar comportamiento de nuestros legisladores ha puesto la legitimidad y la razón del lado de la Magistrada Castorena, lo cierto es que ella misma tiene el inexcusable deber de profundizar los esfuerzos por fortalecer y transparentar el funcionamiento del aparato judicial. Si la razón le ha asistido en este asunto, es sin duda alguna natural que ahora es su inexcusable responsabilidad demostrar que la justicia es superior a la política.

 

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión

 



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