Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

La noche del 9 de octubre, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en medio de una crisis impulsada por el alza de la violencia en el país latinoamericano, y tras un periodo de inestabilidad política derivada de diversos cambios en la presidencia.

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022, sucediendo al entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta.

Ese mismo día Castillo intentó disolver el Parlamento, no obstante, el Legislativo contraatacó y lo removió a él del cargo argumentando “incapacidad moral”. Por lo pronto, Castillo está detenido de forma provisional mientras es juzgado por presunta rebelión e investigado por rebelión.

Con la destitución de Boluarte, la ley en Perú, quien debe asumir la presidencia es el presidente del Parlamento, José Jerí, del partido Somos Perú.

Cabe recordar que la tarde del jueves, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular —los principales grupos políticos protectores de Boluarte desde el inicio de su mandato en diciembre de 2022— habían anunciado que iban a apoyar los pedidos para destituir a la mandataria de 63 años.

Entonces, por la noche se aprobaron cuatro pedidos para votar la remoción de la jefa de Estado.

Más temprano la mandataria había indicado en una actividad pública en el palacio presidencial que culminaría su gestión programada hasta el 28 de julio de 2026.

La destitución de Boluarte ocurre a seis meses de las elecciones programadas para el 12 de abril de 2026 donde se elegirá un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores.

Desde el inicio de su mandato se habían presentado ocho pedidos legislativos de vacancia contra Boluarte, pero ninguna había prosperado debido a la protección que la mandataria tenía de los principales grupos legislativos. Boluarte no tiene bancada legislativa propia.

La crisis política detonó durante la jornada luego que la noche del miércoles se produjo un ataque armado en contra uno de los más populares grupos de cumbia en Perú llamado Agua Marina, que dejó cinco heridos de bala. El ataque fue considerado una muestra más del alza incontenible de la criminalidad —en especial de los asesinatos y extorsiones— que el gobierno de Boluarte no ha logrado detener.

Los primeros tres meses de su gestión se produjeron más de 500 protestas que exigían su renuncia, según datos oficiales. Boluarte prometió de forma pública en 2021 renunciar si Castillo era destituido. Pero, una vez que Castillo fue removido, Boluarte no dimitió, lo que fue cuestionado como una traición.

Las manifestaciones, sobre todo en los Andes del sur, dejaron 50 civiles muertos casi todos por heridas de bala, incluido ocho menores de edad. Según informes de organismos internacionales como Naciones Unidas la policía reprimió las manifestaciones con un uso excesivo de la fuerza.

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