EE. UU. justifica legalmente ataques a barcos en el Caribe; ONU acusa violaciones al derecho internacional

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un dictamen interno que respalda la inmunidad legal del personal militar involucrado en ataques contra buques sospechosos de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico de América Latina, según revelaron tres fuentes a la agencia Reuters.

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 19 ataques de este tipo, que han dejado 76 personas muertas, de acuerdo con reportes oficiales. Las operaciones forman parte de una estrategia militar ampliada contra el narcotráfico, pero han generado fuertes cuestionamientos sobre su legalidad y sobre el respeto a las normas internacionales de conflicto armado.

Una fuente familiarizada con el asunto, citada por Reuters, señaló que la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia elaboró un dictamen clasificado en el que se establece que el personal militar cuenta con inmunidad frente a procesos judiciales por participar en los ataques.

En un comunicado, un portavoz del Departamento de Justicia aseguró que las acciones son "consistentes con las leyes del conflicto armado, y como tales, constituyen órdenes legales".

"El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes legales y, por tanto, no está sujeto a enjuiciamiento por cumplirlas", añadió el vocero.

El gobierno federal estadounidense ha sostenido que posee todas las autorizaciones necesarias para llevar a cabo los ataques. Sin embargo, la estrategia ha despertado escepticismo entre los aliados de Washington, que advierten un cambio sustancial en la política antidrogas tradicional.

El mes pasado, Reuters informó que el presidente Donald Trump notificó al Congreso que Estados Unidos se encuentra involucrado en "un conflicto armado no internacional con los cárteles de la droga". No obstante, las recientes operaciones militares se apartan del modelo convencional basado en la intervención de la Guardia Costera, que históricamente se ha encargado de interceptar embarcaciones y llevar a los presuntos traficantes ante los tribunales civiles.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó los ataques y acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional. El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó el 31 de octubre que las víctimas de las operaciones fueron objeto de "ejecuciones extrajudiciales" y exigió el cese inmediato de dichas acciones.

"Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin", señaló Türk, quien recordó que más de 60 personas han muerto en las ofensivas navales y aéreas estadounidenses, según los datos disponibles.

La ONU instó a Washington a rendir cuentas por las muertes y a respetar el principio de debido proceso, "independientemente de los presuntos delitos que se imputen a las personas a bordo" de los buques atacados.

El dictamen del Departamento de Justicia, según expertos jurídicos, podría abrir un precedente controversial, al reconocer inmunidad al personal militar en operaciones que se desarrollan fuera de un contexto bélico formal y que afectan a países latinoamericanos.

Mientras la Casa Blanca defiende las acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos advierten que Estados Unidos estaría cruzando los límites del uso legítimo de la fuerza, poniendo en entredicho su compromiso con las normas internacionales.

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