Jueza federal frena obras en centro migratorio Alligator Alcatraz en los Everglades
Se emitió una orden judicial que frena durante 14 días las labores en el sitio.
Una jueza federal ordenó este jueves la suspensión inmediata de las obras de construcción del polémico centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, ubicado en plena zona natural de los Everglades, mientras avanza una demanda interpuesta por organizaciones ambientalistas y representantes de la Tribu Miccosukee.
La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió una orden judicial que frena durante 14 días las labores en el sitio —situado al oeste de Miami—, incluidas excavaciones, pavimentaciones, cercado e instalación de nueva infraestructura. La decisión fue celebrada por Friends of The Everglades, asociación que encabeza la demanda, junto con Center for Biological Diversity y la Tribu Miccosukee.
Inaugurado el pasado 3 de julio, el centro conocido informalmente como Alligator Alcatraz fue construido de manera acelerada y actualmente tiene capacidad para albergar a 2 mil migrantes, con planes de expansión a 4 mil, según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM). Sin embargo, su edificación no incluyó una evaluación de impacto ambiental, lo que ha generado preocupación entre defensores del ecosistema.
"Nos complace que la jueza haya visto la urgente necesidad de pausar la construcción adicional", declaró Eve Samples, directora de Friends of The Everglades, al advertir sobre el riesgo que representa el proyecto para un ecosistema que alberga 36 especies amenazadas, como la pantera floridana, la cigüeña de madera y el caimán americano.
A la inquietud ambiental se suma la alarma por la reciente activación del aeropuerto en el sitio, desde donde, según autoridades, se han deportado ya al menos 600 personas en vuelos operados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como anunció el gobernador Ron DeSantis el pasado 25 de julio. Samples denunció también el tránsito constante de camiones que transportan combustible para aviones y desechos humanos, así como la pavimentación de al menos 20 acres (unos 81 mil metros cuadrados) en el área.
La orden judicial no impide la operación actual del centro, pero sí marca un revés para sus impulsores. La demanda continuará mientras las partes involucradas presentan sus argumentos ante la corte.
Esta acción legal se suma a otro proceso independiente encabezado por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a migrantes detenidos en el lugar y denuncia violaciones a derechos humanos.
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