Cesan a dos ministerios públicos por omisiones en La Paz, Edomex, en caso Fernandito
La investigación está radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la destitución de dos agentes del Ministerio Público por omisiones en la atención de la denuncia presentada por la madre de Fernandito, menor hallado sin vida tras ser reportado como desaparecido en este municipio.
De acuerdo con la institución, la investigación está radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al considerar la posible responsabilidad de servidores públicos en actos de abuso de autoridad por negación de servicio en perjuicio de M. N. G. S., madre del niño F. D. G. S.
La indagatoria estableció que el domingo 3 de agosto la madre acudió al Centro de Justicia de La Paz para denunciar que había dejado a su hijo al cuidado de una amiga, quien se negaba a devolvérselo. El caso fue recibido inicialmente por un prestador de prácticas profesionales, quien lo notificó al agente del Ministerio Público de guardia. Sin embargo, este respondió que había que esperar a la licenciada Brenda porque él ya terminaba turno y añadió que, si la denunciante no quería esperar, podía acudir a la agencia de género.
Ante esta negativa, la madre se retiró y volvió hasta el lunes 4 de agosto a formalizar la denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer de La Paz.
La Fiscalía reconoció que estas conductas reflejan dilación institucional, falta de empatía y ausencia de vocación de servicio hacia la denunciante. Por ello, el agente que desatendió el caso fue cesado y enfrentará responsabilidades administrativas y penales.
Asimismo, una agente adscrita al área de Género fue removida de su cargo y puesta a disposición de las autoridades centrales de la FGJEM para determinar si incurrió en alguna falta.
Respecto a los señalamientos de la activista Fabiola Villa, quien denunció que la Fiscalía negó acceso a la carpeta de investigación, la institución aclaró que ella acudió sin la compañía de la ofendida ni acreditación como asesora jurídica, lo que legalmente le impedía revisar el expediente.
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