Comienza el proceso internacional contra la reforma judicial de Claudia Sheinbaum
Mañana martes representantes del gobierno mexicano deben comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la reforma judicial.
Una vez agotada la mayoría de los recursos internos para frenar la reforma judicial, representantes del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, deberán comparecer este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para rendir cuentas sobre esa iniciativa considerada violatoria de convenciones internacionales suscritas por México.
Representantes del Estado mexicano citados por la CIDH deberán presentarse en una audiencia en Washington para dar explicaciones sobre la legalidad y legitimidad de esa polémica reforma, la cual preocupa a ese organismo por su eventual impacto negativo “en el acceso a la justicia, en la independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho”.
La audiencia en la CIDH, denominada “México: Reforma judicial”, marcará el arranque de una serie de procesos en tribunales y foros internacionales en los que el gobierno de Sheinbaum tendrá que responder por puntos de la iniciativa que han cuestionado juristas y expertos en derechos humanos, como la elección popular de jueces y de integrantes del Tribunal de Disciplina a partir de listas de candidatos elaboradas mayoritariamente por Morena.
En la cita de este martes 12 participarán, además de representantes del gobierno de Sheinbaum, dirigentes de colectivos de derechos humanos y defensa legal, de asociaciones de jueces, magistrados y trabajadores judiciales, así como de colegios de abogados que viajarán a Washington para plantear ante la CIDH sus críticas a la reforma lopezobradorista respaldada por Sheinbaum.
Cuatro de las asistentes a la sesión, las abogadas de derechos humanos Susana Camacho y Marisol Méndez, y las magistradas Juana Fuentes Velázquez y María Emilia Molina, dijeron a Proceso, en entrevistas por separado, que esta será la primera ocasión en el que el Estado mexicano responda ante un organismo internacional sobre los cuestionamientos a la reforma judicial.
“Esto, por sí sólo, tiene gran importancia porque tendrá implicaciones políticas y jurídicas muy fuertes para el Estado mexicano, y para el régimen que encabeza Morena, que han demostrado una intención para cooptar el Poder Judicial, que era el único que le hacía contrapeso”, dice Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
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