Diputados avalan en lo general nueva Ley contra la Extorsión con penas de hasta 25 años

Con 456 votos a favor y por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, cuyo objetivo es perseguir de oficio estos delitos y sancionar a los responsables con penas que pueden alcanzar hasta 25 años de prisión.

El proyecto establece una pena básica de seis a 15 años de cárcel y multas de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (aproximadamente 56 mil 570 pesos) a quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con el fin de obtener un beneficio económico o lucro.

Asimismo, la ley contempla 34 agravantes, divididas en tres apartados, que elevan las sanciones. Por ejemplo, en casos como el cobro de "piso" o extorsiones dirigidas a personas dedicadas a actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios, los castigos aumentan hasta una tercera parte, es decir, de 8 a 20 años de prisión. También se contempla la extorsión cometida a nombre de sindicatos, organizaciones o agrupaciones, ya sea de manera real o simulada.

Para casos de mayor gravedad, como quienes empleen violencia física o exijan el cobro de daños derivados de un hecho de tránsito intencional, las penas podrían incrementarse hasta dos terceras partes, alcanzando 10 a 25 años de prisión.

Sin embargo, diputados del PAN y PRI alertaron que la ley, tal como fue aprobada por la Comisión de Justicia, podría permitir la liberación de personas actualmente sentenciadas por extorsión en estados como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, debido a que las penas mínimas vigentes son más altas que las propuestas en el dictamen, lo que abriría la posibilidad de apelaciones.

El dictamen también establece mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para perseguir los delitos de extorsión y los derivados de estos, proponiendo la homologación de un solo tipo penal para su aplicación uniforme en todas las entidades federativas.

Tras la aprobación en lo general, los legisladores presentaron reservas a diversos artículos para su discusión en lo particular, donde se definirán ajustes y posibles modificaciones al proyecto.

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