Diputados avalan en lo general reformas a la Ley de Amparo
La discusión en lo particular y la aprobación final se prevé que continúen en los próximos días.
Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley de Amparo propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre las abstenciones destacó la legisladora morenista y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, así como los diputados petistas Miriam Durán y Javier Vázquez.
Durante la sesión, los distintos grupos parlamentarios presentaron 307 reservas a diversos artículos de la ley para su discusión en lo particular, aunque Morena y sus aliados anticipan avalar únicamente tres de ellas.
Entre las modificaciones impulsadas por la mayoría destaca una nueva redacción del artículo tercero transitorio, suscrita por Hugo Eric Flores, de Morena, que matiza la no retroactividad de la reforma: "Las etapas procesales concluidas que generan derechos adquiridos se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos. Las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del presente decreto se regirán por sus disposiciones, sin afectar derechos adquiridos", señala el dictamen.
Al inicio del debate, los legisladores Germán Martínez (PAN), Alejandro Domínguez (PRI), Laura Ballesteros y Gustavo de Hoyos (MC) presentaron mociones suspensivas para frenar el proyecto y devolverlo a comisiones, pero fueron desechadas por la mayoría de Morena y sus aliados.
El diputado Julio César Moreno defendió el dictamen, asegurando que la reforma busca devolver al amparo su sentido original como herramienta de protección frente a abusos de autoridad, y no como un mecanismo para privilegiados: "Durante años vimos cómo se usaba el amparo para dilatar la justicia, frenar políticas públicas o evadir responsabilidades fiscales", puntualizó.
En contraste, la bancada del PRI, encabezada por Rubén Moreira, protestó con mantas que decían "Salvemos el amparo. No a la dictadura" y "Del amparo al desamparo", anticipando su voto en contra. Según los priistas, la reforma busca controlar a la población y limitar derechos, y proviene de la amargura de un expresidente, advirtieron.
Entre los cambios destacados, la reforma actualiza el concepto de "interés legítimo" como requisito para interponer un juicio de amparo, estableciendo que el acto reclamado debe ocasionar una lesión jurídica individual o colectiva real y concreta, y no meramente hipotética. También se amplían los requisitos para conceder suspensiones provisionales y se prevé su improcedencia para "descongelar" cuentas bancarias relacionadas con actos de lavado de dinero.
Asimismo, se establece que en los juicios de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de normas nunca se podrán conceder suspensiones con efectos generales. El dictamen incluye también reformas al Código Fiscal de la Federación, limitando el recurso de revocación contra actos administrativos de cobro de créditos fiscales firmes.
La iniciativa, presentada el 15 de septiembre ante el Senado, busca agilizar y simplificar el juicio de amparo, consolidarlo como recurso efectivo de defensa de derechos humanos y como medio de control legal y constitucional, accesible a la población.
La discusión en lo particular y la aprobación final se prevé que continúen en los próximos días, con la expectativa de que las reservas presentadas sean analizadas bajo la mayoría parlamentaria.
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