Diputados comienzan debate sobre reforma para extinguir 7 organismos autónomos
Se busca centralizar funciones de los organismos eliminados en dependencias gubernamentales.
Este miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados comenzó la discusión en lo general de una reforma que propone la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La propuesta ha generado un intenso debate entre legisladores, especialistas y la sociedad civil.
La iniciativa, impulsada desde la Comisión de Puntos Constitucionales, busca centralizar funciones de los organismos eliminados en dependencias gubernamentales, bajo el argumento de reducir costos y simplificar la administración pública. Sin embargo, los críticos advierten que esta medida representa un retroceso en la protección de derechos fundamentales, la transparencia, la competencia económica y la evaluación de políticas públicas.
La oposición, junto con académicos y organizaciones civiles, ha expresado su rechazo a la reforma, señalando que los órganos autónomos desempeñan un papel clave en la defensa de los derechos ciudadanos frente al poder del Estado. Advierten que su desaparición podría aumentar la opacidad y debilitar los contrapesos institucionales.
Impacto de los organismos afectados
-INAI. Encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, su eliminación podría dificultar la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
-Cofece. Responsable de vigilar la competencia económica, su cierre podría favorecer prácticas monopólicas y dañar la economía del consumidor.
-IFT. Regula las telecomunicaciones y la radiodifusión, asegurando acceso a servicios digitales y pluralidad en los medios de comunicación.
-Coneval. Evalúa programas sociales y mide la pobreza en el país, proporcionando datos fundamentales para diseñar políticas públicas.
Aunque la mayoría legislativa asegura contar con los votos necesarios para aprobar la medida, los partidos de oposición han anunciado que, de ser necesario, acudirán a instancias judiciales para detener lo que consideran un ataque a la autonomía institucional.
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