Implicados en homicidio de Fernandito podrían recibir hasta 160 años de prisión

Por los delitos de desaparición y secuestro con la agravante de homicidio.

Implicados en caso Fernandito
Última actualización:  |  Redacción

Los tres implicados en el homicidio de Fernandito, el niño de ocho años hallado sin vida el pasado 4 de agosto en un domicilio de Los Reyes La Paz, podrían alcanzar sentencias de hasta 160 años de prisión por los delitos de desaparición y secuestro con la agravante de homicidio, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las investigaciones periciales confirmaron que el menor presentaba traumatismo craneoencefálico, así como fracturas en clavícula y costillas, lesiones que le ocasionaron la muerte. El informe forense determinó además que el deceso ocurrió entre el 30 de julio y el 2 de agosto, es decir, de tres a cinco días antes del hallazgo.

Los imputados fueron identificados como Carlos "N", Lilia "N" y Ana Lilia "N", quienes ya fueron vinculados a proceso. Como medida cautelar, se les impuso la prisión preventiva, en tanto avanza el procedimiento judicial.

La Fiscalía precisó que, una vez concluido el juicio, los acusados podrían alcanzar la pena máxima contemplada por la ley en este tipo de delitos.

El caso ha generado amplia indignación social, no únicamente por la violencia ejercida contra el menor, sino también por la actuación de servidores públicos que negaron apoyo a la madre cuando intentó denunciar su desaparición.

De acuerdo con la indagatoria, el 3 de agosto la madre acudió a la agencia de la FGJEM en Los Reyes La Paz, donde un practicante la atendió, pero el agente del Ministerio Público de guardia se negó a iniciar la carpeta de investigación porque su turno había terminado, remitiéndola a otra área.

Al día siguiente, ya en la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Mujer, se realizó un cateo en el domicilio señalado, donde se localizaron los restos del niño dentro de una bolsa.

La FGJEM reconoció la existencia de dilación y falta de empatía institucional, lo que derivó en el cese de dos agentes del Ministerio Público: uno por desatender el caso y otro adscrito al área de Género, actualmente bajo investigación administrativa y penal. La dependencia no descartó que la indagatoria se extienda a otros funcionarios por posibles actos de negligencia.

Además, se abrió una investigación adicional por abuso de autoridad y negación del servicio público, con el fin de deslindar responsabilidades y garantizar sanciones a quienes omitieron actuar con prontitud.

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