Senado aprueba la ley para combatir la extorsión y eleva penas de prisión hasta 25 años

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma integral a la Ley de Extorsión, con la cual se elevan de manera significativa las penas para quienes cometan este delito y se homologa el marco jurídico para combatirlo en todo el país.

En una sesión vespertina, los legisladores avalaron la reforma en lo general y en lo particular con 110 votos a favor, por lo que el dictamen regresará a la Cámara de Diputados debido a que el Senado realizó más de 20 modificaciones a 15 artículos, además de agregar un artículo transitorio.

La reforma aumenta las sanciones para los responsables de extorsión, en la propuesta original, las penas iban de 6 a 15 años de prisión. Con los cambios introducidos en el Senado, quedaron fijadas entre 15 y 25 años, dependiendo de la modalidad del delito.

Los legisladores destacaron que esta ampliación evita que personas actualmente sentenciadas por extorsión puedan beneficiarse con reducciones de pena en caso de que la nueva norma estableciera sanciones más bajas que las vigentes en algunos estados.

Uno de los ajustes más relevantes fue la modificación a la reserva planteada por el senador Ricardo Monreal. La minuta original proponía penas de 5 a 12 años para servidores públicos que no denunciaran el delito; el Senado elevó ese rango a 10 a 20 años cuando un funcionario omita informar a la autoridad competente o, en caso urgente, a la Policía.

La reforma también establece una pena de 6 a 12 años de prisión para quien introduzca sin autorización dispositivos electrónicos, teléfonos fijos o celulares a centros penitenciarios, una práctica que permite la operación de extorsiones desde el interior de las prisiones.

Otro cambio sustancial fue al artículo 13. La propuesta original señalaba que los delitos de extorsión debían ser investigados por unidades especializadas en secuestro de la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, el Senado determinó que las Fiscalías y Procuradurías locales deberán contar con unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados y certificados específicamente en extorsión.

La reforma homologada establece además que el delito de extorsión será investigado de oficio y que las víctimas podrán presentar denuncias de forma anónima, con el objetivo de facilitar la persecución del delito y proteger a quienes reporten estos actos.

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