A un año de la despenalización del aborto por la Suprema Corte, urgen a derogar el delito a nivel federal

A un año de la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que despenalizó el aborto en México, especialistas advirtieron sobre las barreras legales y sociales que persisten y que impiden el acceso universal a este servicio. Ante esta situación, hicieron un llamado urgente al Congreso para que derogue el delito de aborto a nivel federal.

Melissa Ayala, vocera del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y representante del amparo que resultó en la sentencia, explicó en entrevista con EFE que la Corte determinó que "la criminalización absoluta del aborto en el Código Penal Federal era inconstitucional". Ayala señaló que la Corte reconoció que se violaban los derechos de las mujeres y personas gestantes al no permitir un periodo en el cual pudieran acceder al aborto sin ser criminalizadas.

La SCJN ordenó al Congreso federal la derogación del delito de aborto una vez que fuera notificado, y le otorgó un plazo hasta el fin del periodo ordinario para cumplir con esta disposición. Sin embargo, dicha derogación no se llevó a cabo antes de la renovación de la legislatura el pasado 1 de septiembre.

Ayala expresó su esperanza de que el nuevo Congreso cumpla con la orden en el presente periodo de sesiones, destacando que "si algo se ha dicho es que estamos ante un legislativo feminista". No obstante, advirtió que será crucial vigilar de cerca que el compromiso se materialice.

A pesar de los avances, Ayala también mostró preocupación por la reforma judicial que impulsa el gobierno, la cual busca que jueces y ministros sean elegidos por voto popular. Según la especialista, esto podría detener los litigios pendientes y representar un retroceso en el acceso al aborto.

Hasta la fecha, 15 estados han despenalizado el aborto como una decisión voluntaria antes de la semana 12 de gestación (en Sinaloa hasta la semana 13), alineándose con la sentencia de la Corte. Entre ellos se encuentran Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, y más recientemente Aguascalientes. Sin embargo, el Congreso de este último estado redujo el plazo para el aborto a seis semanas, una decisión que Ayala espera sea vetada por el gobierno estatal.

La experta también subrayó que el fallo de la SCJN del 6 de septiembre de 2023 estableció que "todas las instituciones de salud federales deben prestar el servicio de aborto", incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

A pesar de esto, un informe de Human Rights Watch (HRW) reveló que, hasta junio de 2024, las instituciones de salud federales no ofrecían este servicio en entidades como el Estado de México, el más poblado del país, donde el aborto sigue prohibido en el Código Penal estatal, salvo excepciones.

HRW y GIRE han señalado la urgencia de que el gobierno federal atienda las sentencias de la Corte y garantice el acceso seguro al aborto en todo el país. Ayala advirtió además sobre la necesidad de eliminar los plazos que limitan el acceso al servicio, especialmente para personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.

"El aborto debe estar regulado desde una perspectiva sanitaria y no penal", concluyó la vocera de GIRE, reiterando que cualquier tipo de regulación sobre el servicio debería centrarse en la salud y los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, en lugar de criminalizarlos.

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