Vinculan a proceso a exrector de la UAEM involucrado en la "Estafa Maestra" por delincuencia organizada
Alejandro Vera Jiménez, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada -relacionado al caso de la “Estafa Maestra”-, pero logró evadir las acusaciones de operaciones con recursos ilícitos, dado que una jueza de control consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para sostener dicha imputación.
El pasado 7 de noviembre en Cuautla, Morelos, Vera Jiménez fue detenido por elementos de la FGR, en cumplimiento de una orden de aprehensión ordenada desde hace siete años por su presunta participación en el caso de la “Estafa Maestra”, una premiada investigación periodística que reveló el modus operandi de una multimillonario desfalco al erario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La audiencia que culminó en la vinculación a proceso duró casi 13 horas, con recesos esporádicos de apenas unos minutos.
Durante el proceso, la defensa de Vera Jiménez, encabezada por el abogado Julio Hernández Barros, cuestionó la solidez de los datos presentados por la fiscalía y calificó de “excesiva” la medida cautelar impuesta.
“La carpeta se ha inflado muchísimo. Son miles y miles de fojas que no guardan relación directa con el caso de Alejandro Vera. La fiscalía ha reunido documentos de distintas fuentes, pero ninguna de ellas constituye un delito”, dijo Hernández Barros en entrevista posterior a la audiencia.
El abogado también dijo que la FGR formuló imputación por los delitos de lavado de dinero (es decir, operaciones con recursos de procedencia ilícita) y delincuencia organizada, y solicitó la vinculación a proceso, pero sólo procedió el segundo delito.
Aún así, la defensa insistió en que la información ofrecida es insuficiente: “nosotros creemos que los datos ofrecidos por la fiscalía no son suficientes para una vinculación. Hay una deficiencia probatoria enorme que seguramente podremos acreditar”, sostuvo el abogado.
Durante la diligencia, la jueza impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, decisión que la defensa calificó de “incongruente con la realidad procesal”.
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