Este martes, con la oposición del PAN y el PRI, el pleno del Senado avaló en lo general el dictamen para combatir a las empresas fantasmas, el cual indica que delitos como la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas ameritan prisión preventiva oficiosa. Fueron 82 votos a favor y 34 en contra.

Ese dictamen reforma, adiciona y deroga varias disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

El texto establece que es delito "la expedición, venta enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados".

Asimismo, incrementa las penas, puesto que aplica una sanción de cinco a ocho años de cárcel a quien por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Por otra parte, contempla las mismas sanciones a quien permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito lo cometa un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido de su puesto e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar el cargo o comisión públicos.

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