Cárceles, extorsión y un anuncio insuficiente

Recientemente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la instalación de bloqueadores de señal telefónica alrededor de centros penitenciarios federales y estatales. La medida busca reducir un fenómeno tan cotidiano como devastador, la extorsión originada desde las cárceles.

El anuncio es relevante, pero nos obliga a mirar un problema mucho más profundo que no se resolverá con inhibidores de señal, la pérdida del control estatal dentro de los penales y la conversión de las prisiones en nodos de operación criminal.

En México, las cárceles ya no son instituciones pensadas para contener la violencia y el crimen. Hoy funcionan, en demasiados casos, como plataformas que reorganizan la criminalidad. Y es precisamente la extorsión el delito que mejor resume esta transformación.

Su éxito depende de tres cosas. Acceso a teléfonos, acceso a señales y ausencia de control. Ninguna requiere fuerza, movilidad ni armas.

Requiere, en cambio, un ecosistema institucional que tolere o no pueda impedir que las redes criminales operen desde adentro. Por eso, entre el 40 y el 60 por ciento de las extorsiones en algunos estados se origina desde las penitenciarías.

Bloquear la señal es una medida necesaria, pero no toca la raíz del problema. La pregunta de fondo no es cuántas llamadas dejarán de salir, sino quién gobierna realmente dentro de los penales. Porque cuando los liderazgos criminales controlan espacios, economías internas, comunicación, castigos y privilegios, cualquier solución técnica queda rápidamente rebasada. La experiencia en México es clara.

Cuando se bloquean teléfonos, aparecen teléfonos satelitales. Cuando se cierran rutas, se reabren otras. Cuando se restringe el flujo interno, se multiplican los operadores externos.

El crimen, pues, se adapta más rápido que la política pública. La medida anunciada, cumple un propósito simbólico. Enviar una señal de orden y recuperación de control.

Pero la recuperación real exige reformas estructurales. Profesionar al personal custodio, asegurar protocolos de ingreso y registro, transparentar la administración penitenciaria, romper las economías internas ilegales y, sobre todo, reducir la hiperconcentración de liderazgo criminal que hoy caracteriza a muchos centros. No habrá estrategia integral contra la extorsión mientras las prisiones siguen siendo territorios disputados y, en algunos casos, territorios gobernados por grupos criminales.

La seguridad no se construye solo hacia afuera, también hacia adentro. Una cárcel gobernada por el Estado reduce la violencia. Una cárcel gobernada por redes criminales la multiplica.

La pregunta que deberíamos formular no es si funcionarán los bloqueadores que anunció el secretario de Seguridad, sino si estamos dispuestos a transformar un sistema penitenciario que, en su forma actual, fortalece las economías del crimen. La seguridad del país pasa por ahí, por recuperar instituciones que deberían limitar la violencia y no reproducirla.

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