Democracia cuesta arriba

En México, la elección judicial se alza como una montaña logística y organizacional que ha comenzado a escalarse entre plazos acortados, incertidumbre presupuestal y un debate intenso y polarizado. Desde la perspectiva de las autoridades electorales, la aspiración de democratizar la justicia convive con la preocupación por mantener la calidad e integridad del proceso electoral. La cima es más alta de lo que parece. 

Esta semana se reanudaron los preparativos para los comicios a tan sólo 193 días de la fecha programada para su celebración, luego de suspenderse en acato a las cientos de órdenes judiciales emitidas en contra de la reforma constitucional vigente desde el 15 de septiembre de 2024. 

Con el propósito de lograr la renovación de personas juezas, magistradas y ministras por voto popular, el jueves pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el plan integral y calendario, marco geográfico, entre otros asuntos importantes del Proceso Electoral Extraordinario, que constará de seis fases: 1) preparación de la elección; 2) convocatoria y postulación de candidaturas; 3) jornada electoral; 4) cómputos y sumatoria; 5) asignación de cargos, así como 6) calificación y declaración de validez. Como parte de la primera etapa, se acordó la instalación de los Consejos Locales y Distritales los días 2 y 16 de diciembre de 2024, respectivamente. 

El marco geográfico que delimita la participación ciudadana considera los 300 distritos tradicionales para la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; para magistraturas electorales y del Tribunal de Disciplina Judicial, la división corresponde a las 5 circunscripciones que se emplean para definir diputaciones plurinominales; mientras que para magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de Distrito, la elección se realizará por distrito judicial electoral, una circunscripción híbrida. 

El INE pretende que cada persona electora reciba una boleta tamaño carta, con el mismo número de mujeres y hombres postulantes y la posibilidad de votar por el mayor número de especialidades posible, incluyendo al menos un cargo en materia penal, con el fin de garantizar la representación de personas juzgadoras especializadas en un rango amplio de asuntos legales y posibilitar al electorado la expresión de sus preferencias en una variedad de materias jurídicas.

Entre otros puntos, se aprobó el programa de trabajo de la comisión encargada de vigilar  la consecución de los actos de dicho proceso judicial, que preside el consejero Jorge Montaño Ventura e integrada por las consejeras Norma De la Cruz Magaña y Rita Bell López Vences. Cabe recordar que en total se prevé la renovación de 881 integrantes de la judicatura federal, entre los cuales Aguascalientes renovará 10 magistraturas y 6 juzgados, uno de los estados con menos cargos en disputa.  

Este cambio radical en la forma de seleccionar a quienes administran la justicia en el país abre un nuevo capítulo en nuestra historia democrática y en el sistema judicial mexicano que hoy nos retrata un panorama cuesta arriba, frente a la urgencia de asegurar un proceso que conduzca a la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de Derecho.

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