Desciudadanización
En mi opinión, firmar un contrato para desempeñar temporalmente una función de Estado no resta ciudadanía a las personas.
Las redes sociales han hervido de indignación pues, aseguran, la ciudadanía no contará los votos de la elección judicial por primera vez en los últimos treinta años. Si bien habrá otro mecanismo de conteo, ¿es verdad que las elecciones se están "desciudadanizando"?
Para la contienda de este año, la responsabilidad de convertir a números la voluntad popular pasó de las personas funcionarias de casilla a quienes integran los Consejos Distritales, Consejos de Partido Judicial Electoral o el órgano local que corresponda. La razón es que el próximo primero de junio cada persona votante recibirá más de diez boletas electorales, seis para elegir cargos del Poder Judicial de la Federación más las que se sumen en su estado; en Aguascalientes habrá cuatro adicionales. Para facilitar al electorado la emisión de su voto, todas las boletas –federales y locales– se depositarán en la misma urna. Al término de la jornada electiva, el funcionariado de casilla las clasificará y agrupará por color, procediendo a colocarlas dentro de un paquete que contendrá una acta con la cantidad de sufragios recibidos, entre otros documentos, y este se trasladarán a los Consejos para su escrutinio y cómputo.
Al igual que las mesas directivas de casilla, los Consejos son temporales, aunque con una vigencia mayor. A las personas ciudadanas que los integran se les considera "funcionarias" por la relación laboral de por medio, pues con una responsabilidad que dura varios meses existe una retribución acorde. Las consejerías desde hace años cuentan, por norma, los resultados asentados en las actas de casilla, y voto por voto cuando se acreditan las causales de recuento.
Si bien esto no es novedoso, vivimos en un sistema electoral fundado en la desconfianza. Las elecciones en México no siempre fueron organizadas por el Instituto Nacional Electoral, antes IFE; en cierta época que se caracterizó por el control político de un partido hegemónico, la función electoral recaía en la propia Secretaría de Gobernación y personas designadas por la misma. El entonces Instituto Federal Electoral nació como autoridad apartidista a partir de los conflictos postelectorales de 1988, año en que se acusó un fraude en la elección presidencial.
Las personas electas al azar para integrar las mesas directivas de casilla entregan un día de sus vidas a la democracia durante la jornada electoral, pero este año el conteo de votos se prolongará hasta por doce días. Por primera vez se elegirán personas ministras, magistradas y juezas, son más los cargos y las casillas, menos. ¿Cómo puede una persona voluntaria justificar una ausencia todo ese tiempo? ¿Si fuera remunerada por realizar esta labor perdería este estatus social de "ciudadana"?
En mi opinión, firmar un contrato para desempeñar temporalmente una función de Estado no resta ciudadanía a las personas, pero entiendo hacia dónde se dirige la crítica. Las autoridades electorales deben ser imparciales en sus decisiones, lo que implica desmarcarse de gobiernos, partidos políticos y candidaturas.
Desciudadanizar significa privar a alguien de su ciudadanía, es decir, de su espacio en la sociedad y a esta, de su sentido colectivo. Eso no sucederá: hoy, como hace treinta años, la elección está en manos de las personas ciudadanas.
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