Disfrutar lo votado
A veces buscar culpables donde no los hay es una salida más fácil que hacer frente a las responsabilidades que a cada quién corresponden.
Culpar a quienes votan de lo que pasa –o no– al país, estado o municipio, es habitual en la conversación pública donde la polarización vive sin pagar renta: “si no votas no opines”, “no puedes quejarte si votaste por tal” o “disfruta lo votado”, se escupe al calor de la discusión en una retórica sin distingo de alineación política o, en todo caso, dependiendo su papel en el juego del poder.
A las personas gobernantes y gobernadas nos une un hilo conductor, una responsabilidad mutua en el marco de una relación de poder. Sin embargo, acusar a alguien de lo que un gobierno hizo por su decisión tomada en la urna, me parece tirar de más ese hilo. Es verdad que, a través del voto, cedemos a una persona o grupo de personas autoridad para representarnos en la toma de decisiones, durante un período determinado, siempre y cuando encuentre respaldo en la voluntad mayoritaria. Las y los funcionarios electos cuentan con margen de actuación en el ámbito de sus facultades y conforme a los límites del poder.
El hecho de que cierto partido gane una elección no significa que sus simpatizantes sean privados de la posibilidad de exigir cuentas. En el ejercicio de un cargo público, la autoridad adquiere el compromiso de atender las necesidades de la ciudadanía, que a su vez puede y debe exigir a sus representantes que cumplan su función de manera adecuada, pues su participación no se limita a votar en elecciones.
No es raro que se prioricen las preferencias de la mayoría; no obstante, los gobiernos deben ver por la ciudadanía en general y no sólo por sectores afines; en consecuencia, las personas ciudadanas se consideran representadas hayan o no elegido a las autoridades en turno. Tampoco quiere decir que carezcamos de alternativas frente a lo que consideremos mal gobierno, existe la posibilidad de pronunciarnos respecto a la continuidad de una persona servidora pública mediante su reelección o, en su caso, a través de los instrumentos de participación previstos en la ley como la consulta de revocación de mandato, plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana.
Culpar al electorado es antidemocrático, al suponer que ciertas personas no deberían estar autorizadas para elegir, que fue una de las premisas por las cuales las mujeres y ciertos sectores de la sociedad fueron privados del voto antes de que se reconociera el sufragio universal. Por el contrario, los gobiernos democráticos se sustentan en el principio “una persona, un voto” lo que significa que toda persona electora, sin importar quién sea y de dónde venga, tiene la misma posibilidad de incidir en la renovación de autoridades, pues lo plasmado en cada boleta pesa igual sin importar las razones de su manifestación, sea por decisión, convicción, costumbre o coacción.
Es a veces paradójico cuando esta retórica es utilizada por partidos políticos y sus liderazgos, quienes tienen entre sus atribuciones justamente fomentar el voto, para lo cual reciben recursos del erario. En fin, a veces buscar culpables donde no los hay es una salida más fácil que hacer frente a las responsabilidades que a cada quién corresponden.
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