Inseguridad en Aguascalientes ¿una enfermedad crónico-degenerativa?

Dicen los manuales de medicina que las enfermedades crónico-degenerativas son aquellos padecimientos de larga duración que avanzan con el tiempo deteriorando órganos y tejidos, y que a menudo no tienen cura. Algunas de ellas suelen manifestarse de forma gradual y sus síntomas empeoran con el tiempo. 

Bueno, pues algo de esto parece estar pasando con la inseguridad y la violencia en Aguascalientes.

Un día se localiza y desmantela un campamento del crimen organizado. Otro, capturan a un capo de un cártel que vivía y operaba desde el estado. Al día siguiente se producen bloqueos e incendios en los límites carreteros. Y al cuarto se genera otro motín en una de las cárceles estatales, las cuales por cierto en 2020 salían entre las 10 mejores del país, pero en 2023 cayeron al lugar 27 a nivel nacional, según las evaluaciones de la CNDH.

Es bueno que se actúe después de que ocurren estos ilícitos desde luego pero ¿no sería mejor haberlos evitado? ¿Cómo fue que se gestaron? ¿Nadie supo nada en un estado tan pequeño y bien comunicado?

Lo que tienen en común estos eventos es que probablemente se han creado ciertas condiciones en la entidad que incentivan la comisión de delitos de distinta naturaleza y alcance, y si no se actúa a tiempo y de manera muy profesional puede volverse en efecto una enfermedad crónica y degenerativa como se ve en varias ciudades del país.

Lo primero es saber si las autoridades entienden realmente la complejidad y la magnitud del problema, y si en consecuencia han diseñado una estrategia integral altamente calificada para abordarlo de manera preventiva. Es decir, esta no es ejecutar una mala estrategia de comunicación para salir del atolladero por unas horas, ni de frases hechas para la galería, ni de evadir el problema porque es de los temas feos con los que en estos tiempos todo gobierno debe lidiar.

La segunda cuestión es saber si el estado cuenta con los equipos y sistemas de inteligencia técnicamente sólidos, eficientes y probados internacionalmente como para afrontar las distintas modalidades del problema, que no son solamente los hechos violentos sino también el sistema nervioso en el cual descansan todos ellos, es decir, los agentes participantes que van desde elementos de las propias policías locales y federales, civiles y militares, que pueden estar coludidos hasta las cachas en los delitos hasta los que estiran la pata de la vaca: factureros, notarios, abogados, contadores, empresarios, coyotes, lavadores de dinero y un largo etcétera.

La tercera es verificar con transparencia los gastos e inversiones que supuestamente se hacen. Voy a dar un solo ejemplo: de acuerdo con el recuento que aparece en los medios entre noviembre de 2017 y septiembre de 2025, las distintas autoridades estatales y municipales han anunciado y/o dicen haber entregado 978 patrullas, es decir, 122 unidades por año. 

Pero las dudas son varias: ¿esas 978 unidades fueron efectivamente adquiridas?  ¿A qué agencias o proveedores se las compraron? ¿Hay facturas legales y de todas ellas? ¿Cuántas se han dado de baja, porqué y cuándo? ¿Existen registros de placas y movimientos en el control vehicular? ¿Cuántas unidades circulan realmente hoy? Las preguntas sobran, pero las respuestas no.

Y finalmente ¿cuál es la calidad de la coordinación que hay entre las tres esferas de gobierno? ¿Son confiables las tres? Porque después de haberse hecho pública la corrupción de algunos mandos militares, medios y altos, parece claro que de estas enfermedades nadie ha salido bien librado. 

Es hora de tomarse mucho más en serio el problema. 

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