La mitad del poder, la mitad del mundo

Hilda Hermosillo Hernández

Hoy, el derecho de las mujeres a votar y ser votadas es una realidad democrática en México. Pero no fue un regalo del país, sino una conquista.

Hilda Hermosillo Hernández

Hoy, el derecho de las mujeres a votar y ser votadas es una realidad democrática en México. Pero no fue un regalo del país, sino una conquista. El 17 de octubre de 1953 —tras más de un siglo de exclusión— se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que reconoció a las mexicanas su ciudadanía plena. Dicho decreto fue el fruto de una larga lucha de mujeres que, desde el siglo XIX, se negaron a aceptar el silencio como destino.

Nombres como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto o Amelia Robles encarnan esa resistencia que desbordó los márgenes del tiempo y del género. Ellas entendieron que sin participación política, ningún derecho sería realmente suyo.

Setenta y dos años después, el mapa político mexicano se ha transformado. La paridad de género, incorporada a la Constitución en 2014, consolidó la exigencia de que la mitad de las candidaturas fueran ocupadas por mujeres y en 2019, dicho principio se extendió a todos los cargos de la administración pública. Hoy, México se ubica entre los primeros países del mundo con mayor representación femenina en el Congreso, trece entidades federativas son gobernadas por mujeres y tenemos a nuestra primera Presidenta. Sin embargo, la igualdad formal no siempre garantiza la igualdad sustantiva: aún persisten techos de cristal, violencia política y desigualdades sistémicas y estructurales que impiden que la presencia femenina se traduzca en poder real.

Porque sí: nos corresponde la mitad del poder, como nos pertenece la mitad del mundo. La representación política es un derecho individual con ecos colectivos, por lo que no es en sí mismo el destino, sino un punto de partida. El voto femenino no fue la meta final de la democracia mexicana, sino su principio más profundo: el que obliga a que las leyes, las políticas públicas y la mirada del Estado a reconocer que la historia —por fin— debe escribirse por y para las mujeres.

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