La sombra del dinero: anatomía financiera de la criminalidad

Recientemente, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México anunciaron el bloqueo de cuentas bancarias y la suspensión de operaciones bancarias de trece casinos en distintos estados del país. La medida respondió a la detección de movimientos financieros atípicos, triangulaciones y posibles vínculos con estructuras criminales. Aunque estos operativos suelen generar ruido mediático, lo cierto es que abren una ventana para observar uno de los engranajes menos visibles —pero más decisivos— de la criminalidad contemporánea: la economía del lavado de dinero.

El crimen organizado no se sostiene únicamente con violencia armada. Para operar, necesita de una infraestructura financiera capaz de transformar ingresos ilícitos en capital aparentemente legítimo. En ese sentido, la criminalidad no sólo se expresa en homicidios, extorsiones o desapariciones, sino también en los circuitos donde circula su dinero. Cada vez que se detecta una red de apuestas manipuladas, premios inflados o transferencias internas diseñadas para disfrazar el origen de los fondos, se revela una parte del sistema que permite que la violencia se mantenga y se reproduzca.

El lavado de dinero es, en rigor, una ingeniería económica: dispersar, reconvertir y legitimar recursos ilícitos mediante la combinación de distintos mecanismos. Casinos físicos, plataformas digitales, inmobiliarias y remesadoras pueden cumplir funciones complementarias dentro de un mismo ecosistema. La recurrencia de estos casos muestra una vulnerabilidad persistente: la coexistencia entre regulación antilavado y brechas técnicas que dificultan identificar al beneficiario final. A esta condición la denomino impunidad técnica, porque no es solamente jurídica sino operacional.

El contexto internacional confirma este diagnóstico. En semanas recientes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, estableció medidas para aislar financieramente a Intercam y CIBanco debido a fallas en sus controles antilavado. La colaboración entre autoridades estadounidenses y mexicanas permitió detectar patrones transnacionales de lavado que ahora están siendo intervenidos. Este tipo de acciones revela que la economía criminal opera simultáneamente en escala local y global, adaptándose con rapidez a los cambios regulatorios.

Y esa capacidad de adaptación es uno de los problemas centrales. Cuando una autoridad bloquea un casino, las operaciones pueden migrar a plataformas digitales; cuando se cierran canales bancarios, aparecen fintechs de fachada. La velocidad de innovación criminal contrasta con los tiempos institucionales del Estado, lo que produce una brecha entre la regulación y la realidad operativa del delito.

Desde una perspectiva sociológica, el lavado de dinero no constituye una anomalía, sino una función estructural de la economía criminal: es el mecanismo que conecta lo ilegal con lo legal y hace posible la continuidad de las actividades delictivas. Combatirlo requiere decisiones técnicas, pero también voluntad política para sostener investigaciones que permitan rastrear y sancionar a los beneficiarios finales. Sin embargo, en México persiste una paradoja: los bloqueos administrativos son frecuentes, pero las sanciones penales sólidas son excepcionales. Sin decomisos, restituciones ni responsabilidades jurídicas efectivas, el riesgo es que la acción estatal se reduzca a un mero simulacro.

Como advierte el algún otro lugar el sociólogo alemán Niklas Luhmann, la legitimidad depende de la confianza operativa: de que las instituciones cumplan lo que prometen. Si el Estado promete seguridad, también debe demostrar que puede seguir la ruta del dinero con la misma determinación con la que combate la violencia armada.

Coda

Entre los casinos bloqueados se encuentran Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, subsidiarias de Grupo Salinas. La empresa acusó “persecución de Estado”, en un contexto marcado por sus adeudos fiscales y por el posicionamiento político de Ricardo Salinas Pliego. Más allá de esa disputa, el punto central permanece: las estructuras de lavado atraviesan tanto al crimen organizado como a sectores corporativos, y sólo una supervisión financiera sólida puede enfrentar esa convergencia.

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