Las Fuerzas Armadas y el crimen organizado en México

Como si fuera una muerte anunciada, las revelaciones generadas desde Estados Unidos acerca de la forma en que trabaja el crimen organizado mexicano no son nuevas, pero no acaban de sorprender la magnitud, la profundidad y la laboriosidad con que ha podido penetrar este fenómeno en casi todos los aspectos de la vida del país y de muchos de sus estados, desde las relaciones con políticos, policías y militares, hasta el sistema financiero, los negocios inmobiliarios y automotrices y el control de vastos territorios.

La primera aproximación, es que sigue estando vigente, como lo reportó el Congreso de los Estados Unidos el año pasado, que aproximadamente una tercera parte del territorio nacional está bajo control físico de la delincuencia.

Esto quiere decir que la autoridad prácticamente ha desaparecido, que la corrupción se ha normalizado como una forma de vida cotidiana y, por lo tanto, la población de esos territorios, de manera consciente o no, participa de ellas de diversas maneras simplemente porque no le queda de otra. Pero el segundo capítulo es que las acciones de los distintos gobiernos estatales y corporaciones se han fragmentado de tal manera que no se observa una verdadera estrategia nacional coherente, orgánica, integrada y armónica, entre otras razones porque los alcaldes o gobernadores o responsables policíacos en los estados y en las ciudades están atrapados entre dos fuegos o cooperan con la federación o se arreglan con la delincuencia en sus territorios. La declaración del ahora famoso capo detenido en Nueva York de que sobornó a varios atraviesa por lo menos a ocho gobernadores de Sinaloa en los últimos 45 años, como lo dijo él.

Y entonces la pregunta es muy simple. ¿Nadie supo nada a lo largo de ese casi medio siglo? Pensemos nada más que en México existen alrededor de unas 2.000 corporaciones policíacas de todo tipo que realizan ciertos tipos de funciones, desde las policías municipales hasta el ejército y la marina, que agrupan en conjunto quizá a unos 400.000 elementos aproximadamente. Como es lógico, es imposible orientar la acción de todas ellas de manera coordinada, transparente y eficaz, independientemente de otros problemas operativos y de agencias que se presentan todo el tiempo.

El tercer efecto de esa dispersión es aún peor, porque los cuerpos policiales en los estados y municipios pueden ser removidos a criterio de los gobernadores, pero no así el de los militares u otras agencias federales en sus propios estados. Por más que haya mesas de supuesta coordinación, es casi imposible que los gobernadores sepan si realmente los cuerpos federales colaboran lealmente o no, si les brindan información oportuna y de calidad o no, si tienen nexos con los malos o no, porque las Fuerzas Armadas son corporaciones muy cerradas y endogámicas y muy tentadas a encubrirse entre ellas. Y el cuarto problema, además de la ineficacia militar y de las violaciones a los derechos humanos, es la alta probabilidad de corrupción y de impunidad.

Es muy difícil saber con exactitud la magnitud de estas incidencias en las Fuerzas Armadas porque se llevan dentro del sistema de justicia militar, pero el índice de presunta impunidad se ha calculado en cerca del 99% para los ilícitos cometidos por parte de policías o de integrantes de las Fuerzas Armadas. Pues bien, hechos como estos no son aislados, los ejemplos son numerosos y existe el serio riesgo de que ahora, ante el temor por las acciones norteamericanas, los descabezamientos y las complicidades provoquen una atomización, es decir, el aumento de células, de bandas y de grupos más pequeños que intenten seguir operando sin estar en la lupa de las diversas autoridades. ¿Qué pasará? Es muy difícil, casi imposible un pronóstico certero, pero será una película que apenas va a la mitad.

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