Esta semana se publicó el nuevo índice del Proyecto Global de Justicia que evalúa el respeto y el cumplimiento del Estado de Derecho y de las leyes en 143 países. Se basa en más de 215 mil encuestas que se hacen en hogares y 4100 encuestas con profesionales del derecho y expertos para medir cómo se vive, cómo se experimenta el Estado de Derecho en el mundo.
Como era de esperarse, México volvió a caer y ahora aparece en la posición número 121 sobre esos 143 países. De los ocho indicadores incluidos, sale todavía en peor lugar, el número 134, en un renglón que se llama ausencia de corrupción, es decir, cuando la corrupción está muy extendida y está al lado de Uganda. Y en Justicia Penal sale en el lugar número 135, al lado de Nicaragua.
En América Latina, México fue el país que más cayó. Ni El Salvador, ni Haití, ni Venezuela tuvieron una caída tan drástica. Ahora bien, el último año se produjo una expansión de las tendencias autoritarias en México en varios de los indicadores cruciales, como por ejemplo el control legislativo sobre el Poder Ejecutivo, que se ha debilitado gravemente, y la independencia del Poder Judicial, que se ha perdido por la captura y el secuestro de los tribunales por parte de los gobiernos, así como por una creciente interferencia política.
La conclusión es que México no es ni de lejos la mejor democracia ni nada que se le parezca, como afirman los gobiernos de Morena. Pero la interrogante central es por qué sale tan mal, y desde luego los responsables son múltiples. La gente tiende a atribuir el problema a los funcionarios, los políticos, los gobiernos y las regulaciones, y en efecto hay mucho de razón en ese señalamiento, pero en lo que no nos fijamos es en qué tan corruptos son los ciudadanos mexicanos, y aquí hay mucha tela de dónde cortar.
Los mexicanos suelen argumentar que la ley no les importa en lo absoluto. La violan alegre e impunemente todo el tiempo, y entonces se produce un círculo vicioso. Por ejemplo, en México apenas un 25% de los ciudadanos afirma que debe cumplirse con la ley con independencia de la opinión que se tenga sobre ella. El 54% declara que las leyes se usan para defender a la gente que tiene poder o como pretexto para cometer arbitrariedades, y el 48% aprueba que un funcionario se aproveche ilegalmente de su cargo siempre y cuando haga cosas buenas.
Más de la mitad de los conductores reconoce que viola los reglamentos de tránsito, y México es el país de América Latina donde en diversos años ha sido más alto el porcentaje de sus ciudadanos que declara plenamente justificable evadir impuestos.
No es el lugar para discutir los orígenes históricos o las razones políticas y culturales de este desencuentro endémico de una parte relevante de los mexicanos con el Estado de Derecho, pero es obvio que plantea una grave dificultad en la construcción de una buena cultura cívica.
Mientras el andamiaje institucional y la práctica de la ley sean percibidos como privilegio de pocos, persistirá la cultura de pasar por encima de las leyes y de las reglas, sin importar las consecuencias colectivas.
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