Narco propaganda

Los sucesos absurdos que ocurren en nuestra realidad nacional se intensificaron luego del pasado 5 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores revelara que un rancho en Jalisco fungía como campo de exterminio y de entrenamiento paramilitar de criminales. 

El contexto general es el siguiente: en septiembre de 2024, ese rancho llamado Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ya había sido reportado como presunta finca de actividades del crimen organizado. Por ello, la Fiscalía del Estado intervino el lugar sin implementar protocolos forenses ni de investigación, y pasó la custodia momentánea a la Guardia Nacional.

Medio año después, ya en marzo de este año, el colectivo Guerreros Buscadores en una de sus incursiones de búsqueda de desaparecidos, encuentra el rancho sin vigilancia, y realiza el atroz hallazgo de los hornos de cremación, los restos de prendas y artículos personales, las zonas de entrenamiento, y demás rastros del horror que se documentaron hace un par de semanas.

Los temas de la desaparición forzada, el reclutamiento obligatorio del crimen, y el control total que un cartel tiene sobre prácticamente todo el territorio de Jalisco, son asuntos que ni el anterior ni el actual gobierno federal, ni tampoco el gobierno local de esa entidad, han podido -ya no digamos disminuir- ni siquiera dimensionar ni enfrentar.

Los colectivos de buscadores se han convertido en uno de los actores más incómodos para la clase política incapaz de dar cara al crimen. Por ello, tanto desde el régimen federal como de aquel gobierno local, se han lanzado pronunciamientos que desestiman, minimizan, cuestionan, o -de plano- descalifican el trabajo de estos colectivos de búsqueda.

En ese contexto, durante esta semana se viralizó en redes sociales y medios de comunicación un video presuntamente realizado por aquella organización criminal de Jalisco, en el que se da un mensaje que resalta por varias cuestiones que se salen del patrón comunicativo de otros videos de este cartel de delincuentes.

Primero, en consonancia con el discurso del régimen, en ese video se desestima y cuestiona a los colectivos de buscadores y legitiman las acciones del gobierno federal; segundo, omite mencionar al gobierno local; tercero, la locución es decididamente similar al tono castrense de la escuela militar o policial; cuarto, no se exhiben siglas ni elementos gráficos de identificación asociados al grupo criminal que presuntamente representan; quinto, tampoco arengan el nombre de su líder, ni las consignas usuales que han utilizado en otros videos de propaganda; sexto; terminan su discurso refiriendo que son pueblo y que trabajan para el pueblo.

Para cerrar el cúmulo de sucesos absurdos, la Fiscalía General de la República abre el rancho Izaguirre a la prensa y a los colectivos, mismos que acusan el hecho de que en el territorio se limpiaron las evidencias que causaron indignación nacional por el campo de exterminio. Mientras tanto, casi 130 mil personas siguen desaparecidas, los grupos criminales siguen operando, y las autoridades se esfuerzan por hacer control de daños a nivel mediático.

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