Perspectiva: Tres mil millones se esfumaron III

A cada paso que profundizamos en la entrega de la concesión de la carretera Guanajuato-Silao a una empresa privada, encontramos decisiones absurdas e innecesarias. ¿Qué hubiera hecho un gobernador sensato, honesto y con miras de futuro? Con las arcas llenas, con reservas territoriales desperdiciadas y la posibilidad de obtener crédito inmediato en cualquier institución financiera pública o privada, lo peor fue lo que hizo Diego Sinhue Rodríguez.

Por ejemplo: desde hace más de una década planteamos el aprovechamiento del parque Xonotli, un predio de 970 hectáreas entre Salamanca y Villagarán, que compró Juan Manuel Oliva para construir una refinería. Con la falsa promesa de Felipe Calderón, varios estados compitieron por atraer la enorme inversión de Pemex. Guanajuato gastó 1,700 millones de pesos hace 16 años, el equivalente a unos 150 millones de dólares. Desde entonces los gobernadores panistas han malgastado muchos cientos de millones de pesos en proyectos inútiles y redundantes sobre esa tierra.

Cada vez que comentamos con Miguel Márquez Márquez, Diego Sinhue Rodríguez y ahora con Libia García sobre el tema, encontramos silencio. Cualquier agricultor habría hecho producir la tierra porque ahí hay agua, electricidad, carreteras y una vía férrea. Los vecinos producen cereales y hortalizas en invernaderos y a cielo abierto, ellos ganan dinero mientras el Gobierno de Guanajuato lo pierde a carretadas.

Si ese terreno se vendiera, el Estado podría obtener entre 3 y 4 mil millones de pesos. Además dejaría de perder. Con esos recursos y la bursatilización de la carretera Guanajuato-Silao, la administración contaría con, al menos, 7 mil millones de pesos para construir, no una carretera sino una supercarretera de concreto en cuatro carriles desde Silao hasta San Miguel de Allende.

En la memoria tenemos el despilfarro de Juan Manuel Oliva al comprar tierras para el derecho de vía de un “Tren Interurbano” que nunca supieron cómo hacer. Vicente Fox prometió, después de ganar la elección del 2000, que su primera obra sería ese tren que de inmediato olvidó. En esas tierras se gastaron mil millones de pesos de aquel entonces. Puro tiradero porque actualmente ni siquiera el estado tiene la posesión del trayecto comprado con absoluta discrecionalidad.

Si en los próximos días el Gobierno no informa a detalle y da una explicación racional sobre el despojo, las cosas se complicarán. La gobernadora Libia García; el secretario de Finanzas, Héctor Salgado y los representantes populares de Acción Nacional podrían convertirse en cómplices de Diego. Solo los exgobernadores Miguel Márquez y Juan Carlos Romero ponen un enorme signo de interrogación. Romero, en particular, pide una investigación, pide datos porque sería fatal para un representante de la ciudad de Guanajuato, permitir el abuso de sus ciudadanos, quienes son los únicos que pagan por llegar y salir de su ciudad.

Los representantes de Morena pidieron un amparo. Quieren peritajes sobre el proyecto, quieren saber cómo se permitió que con una firma se diera un “decretazo” lesivo para los intereses del erario estatal. En el PAN, un partido dividido y agraviado por la corrupción de la burocracia que ascendió al poder, el asunto puede ser un factor en las próximas elecciones. Diego creyó que su jugada pasaría desapercibida, que podía actuar impunemente y sin ningún contrapeso. Se equivocó.

El Gobierno tiene la oportunidad de corregir, de cancelar un decretazo nefasto. Más vale que detonen la bomba a que la oposición la haga estallar sin control para el blanquiazul. El asunto no es solo económico sino de gran espectro político.

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