Primero la Marina; sigue el Ejército

Tanto el Gobierno Federal como muchos políticos y medios de comunicación se han mostrado sorprendidos hasta la histeria con las revelaciones, detenciones y muertes ocurridas en el ámbito de la Marina Mexicana por presuntos delitos relacionados con la extracción, el contrabando y el tráfico del llamado huachicol en los que se han visto involucrados hasta ahora altos mandos del sector naval. Y por más que digan lo contrario para encubrir a otros, esto es como en las novelas policíacas, todos sabían todo desde el presidente para abajo.

La realidad, sin embargo, es que no hay sorpresa alguna y más bien habrá que esperar en qué momento estalle un escándalo similar en el sector militar, es decir, en la Defensa Nacional, al menos para balancear las cosas y conseguir una cierta estabilidad entre las dos ramas de las Fuerzas Armadas.

Para entender de qué estamos hablando hay que poner en el contexto adecuado el problema. Desde un principio estaba muy claro que el gobierno que empezó hace un año, que en realidad es una prolongación del anterior, tendría que decidir el tipo de arreglo que quería o que podría construir con un crimen organizado cada vez más fuerte, cada vez más sofisticado, que no está dispuesto a ceder ni a perder un ápice de sus territorios económicos, físicos e institucionales.

Pero el otro arreglo, infinitamente más enredado, era qué hacer con las Fuerzas Armadas. Tuvo que pasar casi un año para que estallara una bomba que pusiera enfrente su gravedad y conviene explicarlo.

Desde los años 40 al siglo pasado, los militares mexicanos jamás habían tenido tanto poder, atribuciones y dinero como ahora. Los gobiernos posteriores a la Revolución los dejaron hacer a ciencia y conciencia, mirando para otro lado en la acumulación de capital, manteniéndolos a raya con la provisión de recursos por si quisieran solidarizarse e incorporándolos en algún momento a la política partidista, todo lo cual ayudó a que en México no hubiera levantamientos como si ocurrieran en casi toda América Latina.

Los militares establecieron así un modus vivendi cómodo y muy rentable con los gobiernos civiles. Con la militarización operada por López Obrador, cuyo origen no está del todo claro, las Fuerzas Armadas pasaron a controlar policías, carreteras, aduanas, bancos, una aerolínea, puertos, aeropuertos, comunicaciones, empresas públicas y un largo etcétera que, desde luego, no estaban dispuestos a regresar voluntariamente al mando civil al menos por cuatro razones.

Una es que esas atribuciones actuales les dieron un poder inédito. Otra es que ese estatus les ha facilitado una gestión mayúscula de recursos públicos y, por ende, acceso a negocios legales e ilegales prácticamente sin fiscalización civil.

Una tercera es que, como manejan operaciones deficitarias como el aeropuerto de Santa Lucía, trenes, puertos, etcétera, necesitarían una gigantesca inyección de recursos adicionales del presupuesto federal, como ya vimos en el proyecto para 2026.

Y, por último, la más importante, por su propia seguridad, ante expedientes, acusaciones y hechos de presuntos abusos, corrupción e impunidad que, hasta ahora, habían mantenido reservados.

Este es el escenario en el que se produjeron los hechos y que era ya imposible de ocultar. Y hay grandes interrogantes en el aire, sin embargo.

¿Hasta dónde llegarán las cosas? ¿El gobierno estará dispuesto a hacer rodar más cabezas y de más alto nivel? ¿Qué harán para contener la pus que puede seguir drenando y arrastrar a muchos más? ¿Cómo reaccionarán hacia adentro marinos y militares ante el riesgo de que sigan saliendo cosas? Imposible saberlo, pero tampoco nadie puede decir que no sabía nada.

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