¿Reducir la jornada laboral en la ley o trabajar menos?

Hace unos días, el Senado votó lo que hace algunos años parecía impensable, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México. La reforma Constitucional plantea una implementación gradual a partir de 2027, disminuyendo dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en 2030. Sin embargo, la pregunta de fondo es otra: ¿queremos reducir la jornada laboral en la ley o realmente queremos trabajar menos? No se trata de un juego retórico. La diferencia entre ambas cosas tiene implicaciones profundas en la vida cotidiana de millones de personas trabajadoras.

Comencemos con los datos. México es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más horas se trabaja al año, 2,207 en promedio. Solo Colombia supera esta cifra, con 2,252 horas anuales. En términos comparativos, en México trabajamos 467 horas más al año que el promedio del resto de los países de la OCDE. Dicho de otro modo, dedicamos más tiempo al trabajo que prácticamente cualquier otra economía desarrollada.

Esto ocurre pese a que nuestra legislación establece un límite de 48 horas semanales. Pero la ley y la realidad no siempre coinciden. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2 de cada 10 personas en el país trabajan más de 48 horas a la semana, y 7 de cada 10 superan las 40 horas. En Aguascalientes, la situación es aún más crítica, 28.4% de la población ocupada trabaja más de 48 horas, es decir, 3 de cada 10 personas.

En otras palabras, aunque contamos con un marco jurídico que busca limitar las jornadas extensas, en la práctica millones de personas trabajan más allá de lo que marca la ley. Por eso y volviendo a  mi pregunta inicial. Si el objetivo es que las personas trabajen menos y puedan pasar más tiempo con sus familias, entonces la discusión no puede limitarse a la reforma legal. Hay al menos tres frentes indispensables en los cuales trabajar: mejorar los ingresos, reducir la informalidad, y repensar la productividad.

Primero, no todas las jornadas largas responden a una exigencia por parte del patrón. En un país donde el salario mínimo apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas de dos personas, muchas y muchos trabajadores buscan un segundo empleo, aceptan dobles turnos o prolongan su jornada para complementar ingresos. Mientras los salarios no permitan sostener dignamente a los hogares, será difícil que las personas puedan darse el lujo de trabajar menos horas. Los incrementos recientes al salario mínimo han sido relevantes, pero aún no resuelven por completo el problema.

Segundo, el 55.4% de la población ocupada trabaja en la informalidad. Más de la mitad de las y los trabajadores del país no cuenta con seguridad social ni con una protección efectiva de sus derechos laborales. En ese contexto, reducir la jornada en la ley no garantiza que se reduzca en la realidad. Sin una estrategia decidida para combatir la informalidad, la reforma podría quedarse en el papel.

Tercero, la productividad. Durante años se ha insistido en que México necesita producir más y mejor. Sin embargo, en sectores como la manufactura, la productividad ha crecido a mayor ritmo que los salarios. La apertura comercial trajo oportunidades, pero también consolidó una cultura laboral que privilegia el “checador” por encima de los resultados. Si no transformamos esa lógica organizacional, difícilmente veremos una reducción real del tiempo dedicado al trabajo.

Finalmente, hay un dato que no deberíamos perder de vista. Según la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT), 57.1% de las personas en México quisiera dedicar más tiempo al cuidado y apoyo dentro del hogar, y 56.7% quisiera convivir más con familiares y amistades. La demanda por jornadas más cortas no es un capricho, es una aspiración social profundamente arraigada.

Reducir la jornada laboral en la ley es un primer paso. Pero si de verdad queremos que las personas trabajen menos y vivan más, la reforma deberá acompañarse de cambios estructurales en ingresos, formalidad y cultura productiva. Solo así podremos hablar de una transformación que se sienta no solo en el Diario Oficial, sino en la vida cotidiana de las familias mexicanas.

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