Sobre el nuevo Poder Judicial

Como se esperaba, la composición del llamado nuevo Poder Judicial en México y en sus estados ha entrado supuestamente en funcionamiento y, desde luego, será un genuino desastre técnico y legal, un golpe de Estado político y, lo peor de todo, causará un grave daño a los intereses y a los derechos de los usuarios de la justicia, en especial a la gente que menos tiene, que ahora no podrá contar con los mínimos instrumentos de defensa de su persona, su familia y su patrimonio. 

Recordemos, en primer lugar, que la susodicha reforma judicial nació de dos sentimientos muy directos. Uno fue la venganza y el rencor de López Obrador en contra del Poder Judicial porque sus jueces le frenaron una serie de decisiones negligentes, malas y corruptas tomadas durante su gobierno. Y el otro fue el objetivo de capturar, de secuestrar a jueces, magistrados y ministros para eliminar los pilares de su funcionamiento como un contrapeso, que son la independencia, la imparcialidad y la autonomía. Ahora, con apreciables excepciones desde luego de juzgadores que tal vez mantengan su honestidad y su profesionalismo, los nuevos dependerán directamente de los caprichos de un poder Ejecutivo autócrata y corrupto.

Lo dijo con todas sus letras la relatora de Naciones Unidas. En México, dijo, hubo graves deficiencias que culminaron con la elección de jueces y de magistrados, entre ellas nominaciones irregulares, criterios inconsistentes de preselección, procedimientos opacos y presuntos vínculos entre candidatos a jueces y el crimen organizado. Pero el costo hoy no será solamente la pérdida de confianza en un Poder Judicial socavado.

Habrá otro que consiste en que surgirá un mercado negro de impartición de justicia. Es decir, un resorte fue, en efecto, la venganza y el secuestro de la impartición de justicia. Pero el otro va a ser que otros poderes, como por ejemplo en los estados, verán la oportunidad de torcer la ley, de robar cuando de manera discrecional asignen un contrato o hacen una compra pública, calculando que no serán perseguidos porque impusieron a tal o cual juez, de que podrán redactar sentencias en oficinas ajenas al Poder Judicial y luego imponérselas a tal o cual magistrado para que las dicte, como se lo ordenen, de vender la justicia al mejor postor, llámese este un abogado, un coyote, un político con poder, un empresario influyente, un gobernador o un alcalde. De modo que, si antes el proceso judicial se llevaba a cabo mal que bien dentro del juzgado, pues ahora sucederá afuera y habrá más participantes que desde luego cobrarán muy caro. 

La última consecuencia será que el daño al estado de derecho con esta reforma, sumada a la inseguridad pública y a la complicidad del crimen organizado con políticos, policías y militares, como ya lo advirtió el gobierno de Estados Unidos, afectará seriamente el crecimiento económico y con ello el aumento de la inversión productiva, de los buenos empleos, de la certidumbre para traer nuevos negocios y en suma del bienestar para todas las familias.

No hay que olvidar, por último, que solo uno, uno de cada 10 personas con credencial de elector acudieron a votar por este golpe judicial y paradójicamente no solo serán las responsables del daño a las otras nueve, sino que también sufrirán los daños de esta reforma.

Como dice el refrán: los carniceros de hoy serán, sin duda, las reses de mañana.

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