Buscan diputados regular cobro de alumbrado público en municipios; de eliminarse, capital perdería 300 MDP

Con el amparo presentado contra el cobro del servicio de alumbrado público, a través del Derecho de Alumbrado Público (DAP), los municipios de Aguascalientes podrían tener pérdidas millonarias al prescindir de ese impuesto.

Al menos así declara el diputado federal del PAN (Partido Acción Nacional), Enrique Gacía López, quien asegura haber presentado una iniciativa para que cada municipio pueda reglamentar el tema del alumbrado público, argumentando que lo inconstitucional no es el cobro del impuesto por el servicio, sino el motivo al que se le atribuye.

“No podemos hacer de un desconocimiento que el servicio se presta. La Suprema Corte de Justicia lo ha declarado inconstitucional en repetidas ocasiones no por el objeto del cobro del impuesto, sino que es porque no se deja con claridad con base en qué se cobra. Lo que hace falta es reglamentarlo. El impuesto como tal no es un impuesto ilegal, lo que declara inconstitucional es porque no es responsable o equitativo en el cobro”

Con esta reforma, el panista busca que los municipios tengan la posibilidad de decidir legalmente sobre el cobro de este servicio, así como ya se hace, comenta, con otro tipo de impuestos. 

Además, García López explica que este recurso es necesario para el ámbito gubernamental, pues de no obtenerse, ejemplifica con pérdidas de hasta 300 millones de pesos para la ciudad capital.

“(Presente una iniciativa) facultando a los municipios para que los municipios puedan legislar este tema en el ámbito local. Un impuesto como el alumbrado público en Aguascalientes representa cerca de 300 millones de pesos, no es un impuesto pequeño. (...) Al menos (los municipios) tendrían la facultad constitucional de poder entrar a la legislación de este tema, como es el caso del predial, del ISABI, u otros impuestos municipales legislados”.

A través del Servicio Integral de Iluminación Municipal (SIIM), el municipio de Aguascalientes validó el cobro del servicio de alumbrado público ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual había sido declarado como inconstitucional en 2023.

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