Desechan que CNDH emita recurso de inconstitucionalidad por Ley del Agua
El diputado federal por Aguascalientes, Paulo Martínez López, presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a promover una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de Aguas, aprobada en diciembre de 2025. El legislador argumentó que la norma se avaló sin consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, violando el artículo 2º constitucional y el Convenio 169 de la OIT.
Sin embargo, Martínez López señaló que la mayoría de Morena y sus aliados rechazaron su propuesta tanto en la Comisión de Recursos Hidráulicos como en la Comisión Permanente, pese a considerarlo un asunto de urgencia nacional.
«Lo hice porque esta nueva ley fue aprobada sin consulta previa a pueblos y comunidades indígenas con graves irregularidades en su proceso legislativo y con afectaciones directas al campo, la industria, municipios y millones de familias mexicanas. Esta legislación genera incertidumbre jurídica, pone en riesgo a las inversiones, debilita la capacidad de operación de los municipios y amenaza a los productores agropecuarios que dependen de este vital líquido», manifestó el legislador.
Reclamó que las decisiones sobre el agua se toman sin escuchar al campo, a la industria ni a las comunidades, y acusó que la ley centraliza facultades, genera incertidumbre para productores agropecuarios y carga más responsabilidades a los municipios sin recursos.
«No puede quedarse sin ser combatida, sin embargo, morena y sus aliados desecharon este punto de acuerdo y decidieron proteger más una reforma deficiente en lugar de defender el derecho humano y el patrimonio del agua; patrimonio de muchas familias mexicanas», añadió.
Asimismo, advirtió que la falta de consulta y los vicios del proceso legislativo vulneran el derecho humano al agua y el patrimonio de millones de familias mexicanas. Insistió en que la CNDH debe ejercer su facultad para que la Suprema Corte revise una ley que, a su juicio, presenta vicios desde su origen y no prioriza el bien de la población.
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