Diputados de Aguascalientes se equivocan: deben acatar a la Suprema Corte
No acatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como lo asegura la diputada panista Alma Hilda Medina con respecto al aborto, podría implicar un delito, advierten especialistas: son declaraciones "populacheras", añaden.
El mismo día que en la Corte se iba a debatir el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, cuya conclusión fue que la reducción de semanas para que las mujeres puedan practicarse un aborto (pasando de 12 a 6) sí fue inconstitucional, Alma Hilda declaró públicamente: “así como viene, no lo vamos a acatar”, haciendo referencia a una resolución de la máxima institución de justicia en México.
Finalmente, el proyecto no se abordó en la SCJN y la discusión fue aplazada, dado que partes interesadas solicitaron audiencia.
Abogados expertos en materia constitucional consultados por este reportero*, explican que decir que un Congreso local no acatará una resolución de la Corte es más bien una declaración con fines políticos, ya que ello podría implicar la inhabilitación de los legisladores. O incluso llevarlos a la cárcel.
"Esas manifestaciones son simplemente populacheras para preparar un escenario de: 'al final me forzaron' o 'lo que hice fue lo mejor para todos'", advierte el constitucionalista.
"Cualquier sentencia de amparo se tiene que acatar, con mayor razón las de la Corte, y si no lo hacen, los separan del cargo y los consignan penalmente por delito de desobediencia. Está en la Ley de Amparo por no cumplir una sentencia", profundiza.
El artículo 267 de la Ley de Amparo establece que "se impondrá pena de cinco a diez años de prisión" o la "destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad" que "incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir".
Por eso, concluye uno de los abogados, lo dicho por la panista "es pura faramalla, nada más lo dicen de dientes para afuera para, lo más que puedan, hacerle creer a la gente que ellos van a negarse".
La Corte, el aborto y Aguascalientes
Junto a la diputada Alma Hilda, otros legisladores, como el perredista Heriberto Gallegos Serna, quien se asume como provida y abiertamente católico, están en contra al derecho de las mujeres sobre decidir o no practicarse un aborto en el sistema de salud pública.
En entrevista, aseguró que presentará una iniciativa para volver a penalizar todos los abortos.
No obstante, las declaraciones del representante del que se consideraba un partido de izquierda van contra diversas resoluciones de la Suprema Corte, esto incluso antes de la reforma judicial. Es decir, con ministras y ministros distintos a los de hoy.
De acuerdo a la organización GIRE, desde 2022, gracias a la acción de inconstitucionalidad 72/2021 y su acumulada 74/2021, la SCJN determinó "que las constituciones locales no pueden otorgar el estatus de persona al embrión o feto con el fin de adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes. En consecuencia, que existan este tipo de cláusulas en las constituciones estatales no es suficiente para negar servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva ni para restringir el acceso al aborto".
Ese mismo año, las asociaciones CECADEC, TERFU, Cultivando Género, Morras Help Morras y GIRE, presentaron un amparo (79/2023) contra la regulación del aborto en Aguascalientes. Y ganaron. En agosto de 2023 la Corte resolvió a favor de los colectivos, determinando, entre otras cosas, que no se debe criminalizar a nadie por abortar.
Por eso, aunque la rechazaban ideológicamente, en diciembre del mismo año, en una votación secreta, vía cédula, el Congreso de Aguascalientes tuvo que aprobar una reforma para despenalizar el aborto hasta la semana 12.
Además, también en 2023, tras un amparo interpuesto desde 2021 por GIRE (267/2023), la extinta primera Sala de la SCJN resolvió a favor de la despenalización del aborto en el Código Penal Federal: "Por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podrá ser criminalizada por abortar, y lo mismo aplica para quienes las asistan", agrega la organización.
Dicha Sala sostuvo "que la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género, ya que perpetúa el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes sólo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio", dice el boletín de la Corte.
"Al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia es obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales", concluye Gire.
Este proyecto fue votado por Arturo Zaldívar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat (la ponente). Ninguno es parte de la Corte en la actualidad.
La reducción de semanas y la acción de inconstitucionalidad
Menos de un año después de la despenalización del aborto en Aguascalientes, en 2024, la LXV legislatura aprobó una reforma para reducir de 12 a 6 semanas el periodo para poder practicar una interrupción del embarazo sin que haya criminalización.
El proyecto fue impulsado y avalado por diputados tanto del Partido Acción Nacional (PAN) como de Morena. Una de ellas fue Alma Hilda Medina.
Los diputados y diputadas que promovieron la reforma fueron: Nancy Xóchitl Macías Pacheco, Laura Patricia Ponce Luna, María de Jesús Díaz Marmolejo, Mayra Guadalupe Torres Mercado, Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, Alma Hilda Medina Macías, Gladys Adriana Ramírez Aguilar, Jedsabel Sánchez Montes, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, Adán Valdivia López, Raúl Silva Perezchica, Luis Enrique García López, José de Jesús Altamira Acosta, Jaime González de León, Verónica Romo Sánchez, Irma Karola Macías Martínez, Fernando Marmolejo Montoya, Genny Janeth López Valenzuela, Arturo Piña Alvarado y Juan Luis Jasso Hernández.
La acción de inconstitucionalidad que hoy está pendiente en la Corte busca revertir este cambio.
En su proyecto, el ministro Espinosa Betanzo concluye que la inconstitucionalidad está "fundada", pero falta que se discuta y vote en el Pleno del máximo tribunal.
*Prefirieron guardar anonimato
Créditos de fotografía Gaceta de la UNAM
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