Exigen a diputados castigar violencia obstétrica con hasta seis años de prisión

Exigen a diputados castigar violencia obstétrica con hasta seis años de prisión

Tras darse a conocer el caso de Samantha y Victoria, que surge desde el Cereso Femenil de Aguascalientes y en el que se documentó violencia en el embarazo de Samantha, lo que terminó en la pérdida de su bebé Victoria, varios casos más de violencia obstétrica llegaron a denunciarse ante el Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes. Sin embargo, la coordinadora de esta organización, Mariana Ávila Montejano, detalla que para que este tipo de violencia se pueda investigar, el delito primero, debe existir. Es decir, tipificarse.

“Es decir, esta propuesta de tipificar la violencia obstétrica surge de una realidad que nosotros acompañamos diariamente. De personas que vivieron estas violencias, y que se presentaron ante la ventanilla del ministerio público y que esas autoridades no tenían en su catálogo el delito de violencia obstétrica. Y que entonces tardaron un año en pasar una carpeta a la unidad especializada.”

El propio Observatorio ha presentado una propuesta, convocando a los diputados y a sus equipos a que se acerquen con la organización para que puedan convertirla en ley. En ella, se propone añadir un tipo penal más específico que sancione la violencia que se puede sufrir durante el embarazo, parto y puerperio, explicando que esta violencia se puede manifestar en forma de acciones u omisiones por parte del personal de salud o de cualquier persona que deba intervenir en la atención a los cuidados tanto durante como después del embarazo. 

Es decir, se busca que se considere violencia obstétrica cuando: no se brinde atención oportuna y eficaz a mujeres en el embarazo, se obstaculice el apego del o de la recién nacida con su madre sin causa médica justificada, se altere el proceso natural del parto sin el consentimiento necesario, se acose o se presione psicológicamente a la mujer, cuando existan despidos injustificados por el embarazo, se niegue o impida lactancia en espacios de trabajo, o incluso cuando agentes del ministerio público competentes o sus superiores se nieguen u omitan autorizar medidas más efectivas para que las victimas de violación hagan pleno ejercicio de sus derechos reproductivos.

Por estos supuestos, se proponen de tres a seis años de prisión, y multa de hasta trescientos días de salario. Para los servidores públicos se sumarían la destitución  e inhabilitación.

“Además, cuando se hizo público, la semana pasada, la violencia obstétrica que habían vivido Samantha y Victoria en el Hospital de la Mujer y en el Tercer Milenio, salieron decenas de mujeres a narrarnos lo que habían vivido en todos los espacios que atienden a mujeres que están en su curso de embarazo.”

Cabe recordar que a principios de este año, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para los ceresos de Aguascalientes, incluido el femenil, tras constatar diversas deficiencias en la atención médica y condiciones de reclusión de personas privadas de la libertad durante un recorrido realizado en los meses de junio a agosto de 2023.

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