Observatorio de Violencia Social y de Género confirma liberación de Carlos Darío y pide respeto a su proceso

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes informó que el activista Carlos Darío ha recuperado su libertad, luego de haber sido detenido en el contexto de las protestas realizadas en Aguascalientes contra la visita de la política española Isabel Díaz Ayuso.

A través de un pronunciamiento público, el organismo celebró la liberación del integrante de la Juventud Comunista y agradeció la solidaridad de colectivos, organizaciones y personas que exigieron su excarcelación, al tiempo que reiteró que “nunca debió ser criminalizado”.

“Informamos que Carlos Darío ha recuperado su libertad. Agradecemos profundamente la solidaridad, el acompañamiento y la exigencia colectiva que hicieron posible este momento”, señaló el Observatorio.

La organización también pidió respeto al proceso personal, emocional y de recuperación tanto del activista como de su familia, además de evitar la difusión de información no autorizada o acciones que puedan vulnerarlos.

En el mismo posicionamiento, el Observatorio reiteró su acompañamiento a la Juventud Comunista y subrayó el llamado a que el caso no derive en nuevas formas de hostigamiento.

El pronunciamiento se da en el contexto de las denuncias públicas sobre la detención del joven, ocurrida tras su participación en manifestaciones contra la visita de Díaz Ayuso a la entidad. Diversos colectivos y organizaciones habían señalado presuntas irregularidades en el proceso, así como un posible uso indebido del sistema penal para criminalizar la protesta social.

De acuerdo con la información difundida por organizaciones civiles, el caso de Carlos Darío se suma a una serie de señalamientos recientes sobre el uso de figuras penales para sancionar la participación en movilizaciones públicas, lo que ha encendido el debate sobre libertad de expresión y derecho a la protesta en el estado.

El Observatorio ha sostenido en otros posicionamientos que en Aguascalientes existe un contexto de creciente preocupación por la criminalización de activistas y defensores de derechos humanos, y ha exigido a las autoridades garantizar el debido proceso y el respeto a las libertades civiles.

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