De acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), que el H. Congreso de Aguascalientes haya acatado el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para despenalizar el aborto en la entidad implica que ya no podrán iniciarse procesos judiciales contra quien practique un aborto antes de las 12 semanas de gestación, así como para el personal médico que lo realice y personas funjan como acompañantes. Al respecto, habla Mariana Ávila, presidenta del Observatorio:
“Estos procesos eran muy revictimizantes y violentaban los derechos humanos, no solamente de ellas, sino de las personas que habían acompañado el proceso. Incluso de las enfermeras o de quienes nos avisaban a nosotras que buscan protegerlas porque eran amenazadas. Eran amenazadas en el sentido que se les decía que si apoyaban a alguna mujer podían ser procesadas por algún delito ¿no? Porque recordemos que en los artículos del Código Penal no solamente era a la mujer que realizaba una interrupción voluntaria del embarazo, sino a quien acompañara o al personal médico que apoyará en este proceso.”
Ávila Montejano añade que, con la despenalización, debe garantizarse la seguridad a las mujeres y personas gestantes para acudir a las instituciones de salud sin temor a ser estigmatizadas o criminalizadas, así como el recibir una atención integral.
“Es una invitación a que las personas que tienen que decidir en este momento o en un futuro sobre su vida sobre la planificación familiar puedan acercarse a la institución con la confianza de que no van a ser criminalizadas ni estigmatizadas, y pedir la atención. Porque ya es una obligación de la autoridad, no de la autoridad a nivel estatal y también a nivel municipal, en el estado. Eso quiere decir, también, que tienen que modificar la infraestructura, que tienen que capacitar al personal, que tienen que invertir en recursos para dar la atención integral a toda la persona que necesita interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas, pero también un tema de seguridad y de salud.”
Entre 2021 y 2022, el Observatorio de Violencia Social y de Género junto al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), presentaron 11 amparos por mujeres judicializadas, procesadas o con carpetas de investigación tras acercarse a hospitales y centros de salud de la entidad después de haber practicado un aborto.
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