En el Congreso del Estado enviaron a la basura distintas iniciativas que fueron presentadas en anteriores legislaturas, y agarraron parejo con iniciativas del PAN y de otras fuerzas políticas.
Las iniciativas desechadas eran variadas, desde reformas al Código Penal, para adecuarlo a reformas anteriores:
"... En el contexto de la iniciativa es nuestra obligación como legisladores garantizar que los textos jurídicos sean elaborados con la claridad y concisión necesarias, facilitando su comprensión y asegurando una estructura interna adecuada y congruente con el contenido que regulan..."
Hasta aquellas que promovían cambios para el otorgamiento de becas en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, introducida por el hoy exdiputado panista y ex coordinador de dicha bancada, Raúl Silva Pérezchica.
"... Que los nombramientos del personal académico, además de que sean ortorgados por el tema de oposición, sea abierto y por concurso público, y finalmente respecto a las controversías laborales con su personal, además de que se sujeten a la jurisdicción de arbitraje, se sujete a los juzgados laborales del estado de Aguascalientes. Por los argumentos señalados con antelación es que se somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el proyecto de decreto previsto en el dictamen..."
De la misma manera se rechazó una reforma propuesta por el hoy exdiputado Jaime González de León a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, con la que se buscaba, entre varios puntos, incorporar al Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado, dentro del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; el darle la facultad al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, así como la Contraloría del Estado para crear grupos de trabajo en materia de fiscalización con los órganos internos de control.
En el caso de iniciativas de la oposición se desechó una propuesta de la hoy exdiputada local de MORENA, Natzielly Rodríguez, sobre las concesiones de agua en el estado.
"... Su contenido se enfoca en transparentar las ganancias y utilidades que reciben las empresas concesionarias del servicio de agua potable en los municipios cuando este servicio se entreguen concesión, pretendiendo ofrecer a la población justificación para determinar el precio del servicio del agua potable y por lo tanto en las tarifas que se publican en el Periódico Oficial del Estado, que se establezcan de manera expresa el porcentaje de utilidad que recibe el concesionario por cada metro cúbico, por los argumentos señalados con antela ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el proyecto de decreto previsto en el dictamen es cuanto Presidenta..."
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