Señalan “simulación” en Foros sobre Personas con Discapacidad; Congreso de Aguascalientes mantiene consulta pendiente
Mendoza Montesinos advierte además que la discusión no debe concentrarse únicamente en el autismo o la neurodivergencia
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará en 2021 la invalidez de diversos artículos de la Ley de Educación de Aguascalientes, entre ellos, los relacionados con la educación inclusiva, la experta en neurodivergencia, Raquel Mendoza Montesinos, señala que el Congreso estatal continúa sin cumplir con esta obligación.
Sin embargo, menciona que pese a este incumplimiento, continúan presentándose iniciativas relacionadas con este sector.
Ya hay varias leyes que la suprema corte de justicia de la nación ha invalidado porque no se realiza este tipo de consulta. En el estado de Aguascalientes, la parte de educación inclusiva y también la parte de educación indígena, debo decir, eh, de la ley de educación del estado de Aguascalientes están invalidadas por falta de consulta durante el proceso legislativo de la sexagésima cuarta legislatura.
De acuerdo con Mendoza Montesinos, el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados a consultar y colaborar activamente con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, cuando se elaboren leyes y políticas relacionadas con sus derechos.
Ha sido solamente simulación con sus foros porque en realidad deben de cumplir con la consulta bajo los requisitos que les marca la suprema corte de justicia de la nación. Y lo que sigue en este asunto de la acción de inconstitucionalidad 129/2020 y sus acumuladas es que se, se realice un procedimiento que se llama, se promueva más bien un, se promueva el incidente de incumplimiento de sentencia, porque el estado, el congreso del estado de Aguascalientes está en desacato desde mayo del 2023.
Recuerda que la SCJN estableció un plazo de 18 meses para que el Congreso de Aguascalientes realizará la consulta y adecuará la legislación correspondiente. No obstante, el proceso continúa pendiente, ya que en diciembre de 2025 y enero de 2026 el máximo tribunal volvió a requerir al Congreso información y documentación para acreditar las acciones emprendidas en cumplimiento de la sentencia.
Mendoza Montesinos advierte además que la discusión no debe concentrarse únicamente en el autismo o la neurodivergencia, pues las políticas públicas deben considerar a personas con distintos tipos de discapacidad, entre ellas motriz y cognitiva.
Para Mendoza Montesinos, el cumplimiento de la sentencia no debe limitarse a la realización de foros informativos, sino garantizar una participación efectiva de las personas con discapacidad en las decisiones legislativas que les afectan.
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