Corte Suprema de EE.UU. examina si un juez puede bloquear el decreto de Trump sobre ciudadanía por nacimiento
Un bebé sería ciudadano si nace en Nueva Jersey, pero un extranjero expulsable si nace en Tennessee
La Corte Suprema de Estados Unidos examina este jueves 15 de mayo si los jueces federales pueden suspender a nivel nacional decretos presidenciales como el firmado por Donald Trump que busca derogar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes en situación irregular.
El decreto, el día de la investidura de Trump, fue rápidamente impugnado por tribunales en Maryland, Massachusetts y Washington, al considerar que violaba la 14ª Enmienda de la Constitución, vigente desde 1868, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.
En respuesta, la administración Trump elevó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora, solicitando restringir el alcance de las medidas cautelares solo a los demandantes y no a nivel nacional.
“Las medidas cautelares universales han alcanzado niveles de tsunami al prohibir al poder ejecutivo aplicar políticas fundamentales del presidente, socavando la separación de poderes", argumentó el asesor jurídico de Trump, John Sauer.
Por su parte, Trump ha intensificado sus críticas a los jueces que le han bloqueado decisiones, calificándolos en su red Truth Social como “jueces de izquierda radical” que quieren asumir los poderes de la presidencia sin tener que alcanzar los 80 millones de votos.
Para organizaciones como CASA y ASAP, limitar las suspensiones judiciales provocaría una ciudadanía desigual en el país.
“Un bebé sería ciudadano si nace en Nueva Jersey, pero un extranjero expulsable si nace en Tennessee”, advierten.
Además, señalan que permitir decisiones judiciales fragmentadas abre la puerta a la manipulación del sistema, como ya ocurrió con demandas conservadoras sobre la píldora abortiva ante jueces afines.
Asimismo, Steven Schwinn, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Illinois en Chicago, señala que la administración Trump ha generado una oleada de actividad legal sin precedentes, lo que ha forzado a los tribunales a actuar como freno institucional ante presuntas extralimitaciones del poder ejecutivo.
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