Detienen a Santiago Peña tras destitución por presunta corrupción en el caso Ueno Bank
En cumplimiento de una orden emitida por fiscales que investigan presuntos delitos de abuso de confianza.
El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido este viernes en su domicilio por orden de la Fiscalía, luego de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político relacionado con el colapso de Ueno Bank, entidad financiera vinculada a su gobierno.
La Policía Nacional informó que Peña “ya se encuentra oficialmente detenido”, en cumplimiento de una orden emitida por fiscales que investigan presuntos delitos de abuso de confianza y otras irregularidades relacionadas con la caída del banco.
De acuerdo con las instrucciones de la Fiscalía, el exmandatario deberá permanecer bajo arresto domiciliario hasta que comparezca ante los fiscales de la unidad de delitos económicos y anticorrupción. En tanto, el exjefe del Banco Central, Carlos Carvallo, también fue detenido y deberá permanecer en una instalación policial.
La orden de arresto se emitió poco después de que el Senado destituyera a Peña. Los 44 legisladores presentes votaron por unanimidad a favor de su separación del cargo por faltas graves, lo que abrió el camino para que el vicepresidente Pedro Alliana asuma la Presidencia.
La decisión se produjo apenas tres días después de que los reguladores intervinieran Ueno Bank y congelaran el acceso a los ahorros de casi 3 millones de clientes, situación que desencadenó una crisis financiera y política en el país sudamericano.
Durante el juicio político, legisladores acusaron a Peña de utilizar su influencia para canalizar cientos de millones de dólares de recursos públicos hacia la institución bancaria, mientras las autoridades reguladoras habrían pasado por alto préstamos internos de alto riesgo. El exmandatario ha rechazado las acusaciones y negado haber cometido algún delito.
La destitución también le impide acceder al escaño vitalicio en el Senado que la Constitución paraguaya concede a los expresidentes elegidos democráticamente, por lo que pierde la inmunidad parlamentaria asociada a esa posición.
Las investigaciones penales también involucran a funcionarios y exfuncionarios del Banco Central y del fondo estatal de pensiones, así como al vicepresidente Pedro Alliana.
Antes de la votación, Peña había presentado su renuncia el jueves; sin embargo, el Congreso no la aceptó y los legisladores de oposición insistieron en continuar con el juicio político para impedir que abandonara el cargo con inmunidad.
Sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, cuestionaron el procedimiento y argumentaron que el Congreso debió aceptar la renuncia en lugar de continuar con el proceso de destitución.
Por su parte, la senadora opositora Yolanda Paredes sostuvo que Peña debía enfrentar consecuencias penales por la crisis financiera. “Debe irse, pero no a su casa. Debe irse a una prisión de máxima seguridad”, declaró ante medios de comunicación.
En un mensaje de despedida difundido poco antes del veredicto, Peña manifestó que esperaba que su salida contribuyera a evitar una mayor división e inestabilidad en Paraguay.
“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, expresó.
Mientras tanto, la inconformidad ciudadana ha aumentado ante la imposibilidad de recuperar los ahorros congelados. Durante esta semana, miles de manifestantes salieron a las calles para exigir la devolución de su dinero y que los responsables del colapso bancario rindan cuentas.
Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, que utilizó balas de goma y gas pimienta para dispersar a los manifestantes.
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