Juez bloquea temporalmente decisión de Trump para retirar permisos de trabajo a migrantes

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de retirar los permisos de trabajo a decenas de miles de solicitantes de asilo y migrantes beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), al considerar que la medida debe permanecer suspendida mientras se resuelve el litigio.

El juez federal de distrito Nathaniel Gorton, con sede en Boston, falló a favor de una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y sindicatos, quienes promovieron una demanda para impedir que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplicara nuevas restricciones migratorias aprobadas por el Congreso el año pasado.

La orden judicial permanecerá vigente hasta que Gorton determine si concede una suspensión de mayor duración. El juez adelantó que emitirá una resolución definitiva sobre este tema antes del próximo 5 de agosto.

Las medidas impugnadas derivan de la ley fiscal y de gasto impulsada por Donald Trump y aprobada por el Congreso de mayoría republicana en julio de 2025, la cual estableció por primera vez el cobro de cuotas para solicitar asilo y limitó la autorización de empleo para personas amparadas por el TPS.

El Estatus de Protección Temporal permite que ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis humanitarias permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos mientras las condiciones en sus países de origen impidan un retorno seguro.

Como parte de su política migratoria de línea dura, la administración Trump ha intentado eliminar el TPS para migrantes procedentes de más de una docena de países. El mes pasado, la Corte Suprema autorizó al gobierno poner fin a este beneficio para miles de ciudadanos haitianos y sirios.

La demanda fue presentada por la organización Democracy Forward, que argumentó que el USCIS implementó de manera ilegal las disposiciones de la nueva legislación, particularmente aquellas que podrían dejar sin autorización para trabajar a miles de beneficiarios del TPS provenientes de El Salvador, Sudán y Ucrania a partir de este miércoles.

Según los demandantes, las nuevas políticas reducen de forma indebida el periodo durante el cual estos migrantes pueden trabajar legalmente, al aplicar retroactivamente restricciones aprobadas en 2025.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, afirmó que la resolución del juez garantiza que miles de familias no perderán temporalmente su fuente de ingresos mientras los tribunales determinan la legalidad de las acciones del gobierno.

Los demandantes sostuvieron además que las nuevas disposiciones del USCIS incumplen la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que fueron adoptadas sin notificar previamente al público ni permitir un periodo de comentarios.

También argumentaron que la aplicación retroactiva de las restricciones sobre los permisos de trabajo carece de sustento legal.

Aunque el juez Gorton rechazó por ahora impedir que el USCIS cobre las nuevas tarifas establecidas por la legislación, determinó que la agencia no podrá retirar permisos de trabajo ni imponer sanciones a quienes no realicen dicho pago mientras continúe vigente la orden judicial.

Actualmente, el gobierno estadounidense mantiene vigente el TPS para ciudadanos de El Salvador hasta el 9 de septiembre, y para personas originarias de Sudán y Ucrania hasta el 19 de octubre, luego de haber prorrogado esos beneficios en enero de este año.

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