Aspirantes fantasma: la elección judicial de Aguascalientes

El proceso previo a la selección de candidatos a magistraturas y juzgados de primera instancia en Aguascalientes, se ha visto manchado no sólo por la invasión de la clase política y del servicio público del estado, sino también por irregularidades y omisiones que llegan al grado de que algunos “aspirantes” pudieron hacer examen incluso cuando no estaban inscritos o habían sido rechazados en otros poderes.

Todo empezó el 7 de febrero, cuando el Consejo de la Judicatura Estatal (CJE) publicó el primer acuerdo con los resultados de las evaluaciones técnicas-jurídicas y en donde se destacó que dos de los mejores promedios de los 282 aplicantes fueron Felipe Ávila Orozco, subconsejero jurídico del gobierno estatal, y Víctor Manuel Martínez Castillo, quien fuera representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) y actual secretario general del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial, presidido por Jaime Gerardo Beltrán Martínez, exsecretario de ayuntamiento en la capital, cuando la hoy mandataria estatal era alcaldesa.

De 100 puntos posibles, el primero sacó los 100 y el segundo 98. Ambos para las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), donde también aplicaron personajes ya conocidos, como la ya magistrada Ana Luisa Rea Lugo quien, con su experiencia y carrera judicial, obtuvo 71.       

Sin embargo, esas listas de resultados no fueron las definitivas. El CJE se equivocó y, aún después, cometería omisiones.

La noche del 10 de febrero el CJE publicó un segundo acuerdo con modificaciones a las primeras listas, donde se agregaron nombres de aspirantes que no estaban inscritos pero que sí hicieron exámenes. En los casos más graves, aún cuando no sólo no estaban inscritos, sino que también habían sido rechazados en otros poderes, pudieron presentar exámenes y entrar a estos segundos resultados, que serían tomados en cuenta para proceder con las entrevistas.

Aspirantes fantasma y viejos conocidos

De acuerdo a una revisión nombre por nombre de las tres listas de aspirantes -una por cada Comité de Evaluación-, así como de las dos listas de los resultados que emitió el CJE, hecha por BI Noticias, se constató que en para el Poder Ejecutivo aparecen al menos 15 personas que no figuraban en los registros oficiales de aspirantes pero que sí obtuvieron un resultado. La mayor parte de estas son parte de la nómina gubernamental. Otros son militantes del PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

El primer caso detectado fue el de Diana Montserrat Martínez Ramos, secretaria de la Asociación de Intérpretes y Promotores de la Lengua de Señas Mexicana. Ella estaba inscrita para el Tribunal de Disciplina en el Comité del Poder Ejecutivo, donde obtuvo 96 de los 100 puntos posibles, quedando en la posición 3, pero al final la añadieron al STJ en el puesto 5, con calificación de 88, haciendo que los resultados se recorrieran.

En esos mismos resultados, para el STJ, también fue agregado en el puesto 7, con 79 puntos, Rubén Cardona Rivera, exdirector del área jurídica del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA). En ningún comité se inscribió para ese cargo. Al contrario, se inscribió en el Poder Legislativo para el de Tribunal de Disciplina y fue rechazado.

En la fé de erratas del CJE destaca el caso Mariana de Fátima de León Barba, actual suplente del diputado panista Salvador Alcalá que, además de ser legislador, es miembro del Comité de Evaluación del Poder Legislativo en la elección judicial local. De León Barba -además esposa de Carlos de Alba Salas, titular de la Oficina del Poder Ejecutivo- fue agregada en el puesto 1 para el Tribunal de Disciplina con calificación de 97 en el Poder Ejecutivo. Milita en el blanquiazul desde el 2019.

Otro caso particular es el de Sandra Ivonne Galindo Delgadillo, quien de acuerdo al padrón oficial de Acción Nacional, es militante desde el 14 de marzo de 2011. 

La panista fue añadida a los resultados para el juzgado mixto en el Poder Ejecutivo con una calificación de 83 ocupando así el puesto 3, pero no aparecía registrada para ese juzgado, estaba más bien para el mercantil, donde obtuvo 87. Además, fue rechazada como aspirante para el Tribunal de Disciplina por parte del Comité del Poder Judicial por no cumplir con un requisito académico: contar con promedio mínimo de 9 en materias afines al cargo que buscaba. 

Al igual que Galindo Delgadillo, en los resultados de los exámenes técnicos-jurídicos para juzgados mixtos del Poder Ejecutivo fue agregado Manuel Peña León en el lugar 1 con una puntuación de 84. Peña León es subconsejero jurídico del gobierno estatal y en su examen para el Tribunal de Disciplina obtuvo 98, la calificación más alta de entre los aspirantes a ese tribunal, pero no estaba inscrito en las listas de aspirantes para juzgados mixtos.  

También sin estar inscrita, pero sí con resultado de examen, aparece Nataly Jazany Melo Franco, quien desde el 19 de febrero de 2019 es militante del PAN y quien, en ese mismo año, firmó documentos públicos como representante de la Síndico municipal de Hacienda. Melo Franco fue añadida en el lugar 4 con una calificación de 80 para juzgados mixtos.

En los resultados de aspirantes para juzgados mixtos destaca el nombre de otro personaje político: Jorge Fernando Guel Saldívar, hermano de Norma Guel Saldívar, actual titular de la Secretaría de la Familia. 

El abogado fue agregado sin ser aspirante en el lugar 4 con una calificación de 68. Fernando Guel Saldívar se había inscrito como aspirante para los juzgados familiar y laboral en el Poder Legislativo, donde fue rechazado, al igual que Francisco Guel Saldívar, quien intentó aspirar al Supremo Tribunal local sin éxito. Jorge Fernando es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde el 2007, según el padrón de militantes nacional. Es, también, familiar del exgobernador priista de Aguascalientes Francisco Guel Jiménez.    

Con el mismo nombre aparece Jorge Alcalá Pozos, excandidato independiente a diputado suplente local en el 2016, agregado a la lista de resultados para el juzgado civil con una calificación de 62, pero él tampoco estaba en la lista de aspirantes para ese juzgado.

Centro de Justicia Auxiliar: invadido por aspirantes no registrados

De manera particular, la lista de resultados con más alteraciones del Poder Ejecutivo fue la relativa al Centro de Justicia Auxiliar, que funciona como un apoyo para otros juzgados de diversas materias. Para dicho cargo se tuvo registro de 10 inscripciones en total a través de los tres poderes. Aún así, en realidad sólo fueron seis las personas que aparecen como aspirantes, ya que algunas se registraron en uno u otro poder. 

No obstante, cuando se publicaron los resultados destacaron los nombres de otras siete personas que no se habían inscrito en primera instancia ahí, pero que sí hicieron examen. Tenían calificaciones y, también, relaciones con la clase política y el servicio público de Aguascalientes. 

Las siete personas que sin figurar en las listas oficiales de aspirantes hicieron la evaluación para el Centro de Justicia Auxiliar, son:

 

 

1.  Iliana Alejandra Rodríguez Sigala, fue añadida con una puntuación de 91. Quien hasta el 2022 aparecía como jefa del Departamento de Investigación de Denuncias a servidores públicos de la Contraloría estatal, en el sexenio de Martín Orozco Sandoval, según su declaración patrimonial.

2.    Hugo Abraham Osorio Cháirez, con 86. Documentos públicos acreditan que en el 2019 fue suplente de la Oficina Ejecutiva del ayuntamiento de Aguascalientes, así como jefe de Departamento de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración. Es militante del PAN desde 2014 y, al menos hasta el 2024, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), fungía como “Coordinador de Asesoría Jurídica”, de la Secretaría General de Gobierno (Seggob).  

3.  Martha Hernández Ornelas, con 86. En 2019 fue parte del Comité de Transparencia de la Fiscalía de Aguascalientes.

4.   Mandy Paulina Rincón Muñoz, con 82.

5.   Guillermo Medina Monroy, con 72. En transparencia aparece, hasta el 2024, como coordinador jurídico del Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes, cuyo director general es el priista Israel Tagosam Salazar Imamura. 

6.  César Cisneros Ibarra, con 57. Según la PNT y documentos públicos, Cisneros Ibarra es titular de la Unidad Substanciadora y Resolutora del Órgano Interno de Control del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores 

7.  Stephanie del Carmen Estrada Mejía, con 55. De acuerdo a la PNT, Estrada Mejía también estaba, hasta finales de 2024, en la nómina estatal como encargada de certificación de documentos en la Seggob.

Exámenes a toda velocidad

Dado que la reforma judicial lo permite, algunas personas decidieron registrarse como aspirantes a diversos cargos y, por tanto, para poder ser considerados como posibles candidatas, tenían que aplicar distintas pruebas. Algunos terminaron haciendo hasta tres.  

Ese fue el caso del subconsejero Felipe Ávila Orozco, quien aplicó para el STJ, donde sacó 100, para el Tribunal de Disciplina, donde obtuvo 93 y para juzgado civil, con 85.

También es el caso de María José Ocampo Vázquez, hija de Josefina Vázquez Mota, quien obtuvo 91 para el STJ, 95 para el de Disciplina, y 73 para el mercantil. Otra en la misma situación es Mariana de Fátima de León Barba, que sacó 96 en la prueba para el STJ, 97 para el de Disciplina y 87 en la de laboral. 

De acuerdo al oficio SP-0097/2025, que contiene el “Reglamento de la evaluación técnica jurídica para las personas aspirantes” a magistraturas y juzgados de primera instancia, “los exámenes se diseñarán según el cargo y especialización”, por lo que ninguno sería igual. En total, serían nueve exámenes distintos, aunque la mitad de cada uno de ellos sí tendría preguntas de tronco común. 

Considerando que se estableció un lapso de cuatro horas para la aplicación de estas pruebas y que cada una contenía 100 reactivos, quienes hicieron tres tendrían que haber contestado, en promedio, una pregunta cada .8 minutos para poder acabar a tiempo. Todo de corrido.

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