Sin competencia: así se juegan las magistraturas en la elección judicial de Aguascalientes
El Tribunal de Disciplina tiene tres espacios para mujeres y sólo tres candidatas
Aunque la promesa de la reforma judicial fue que con la elección de jueces, magistrados y ministros, el Poder Judicial por fin se democratizaría, en Aguascalientes el proceso electoral local carece de una verdadera competencia en los tribunales de más alto poder, derivado del reducido, y en un caso particular, mínimo número de postulaciones.
Tras haber recibido ni siquiera la tercera parte de las candidaturas posibles, el último día de febrero el Instituto Estatal Electoral (IEE) publicó las listas oficiales de los candidatos a magistraturas y juzgados de primera instancia de Aguascalientes. En total, son 102 personas las que buscarán ganarse, vía voto popular, un lugar de los 65 disponibles para el Poder Judicial local.
De manera general, con 102 candidaturas y 65 posiciones a contender, en promedio cada puesto a elegir tendría solamente 1.56 contendientes. Es decir, sin considerar la paridad de género y las postulaciones por cargo, ni siquiera dos personas competirán por el mismo puesto.
Pero la realidad es aún más grave: dada la baja convocatoria y el principio de paridad de género, existen cargos donde no habrá disputa, pues los puestos disponibles son iguales al número de candidaturas. Ahí la elección parece ser más un papeleo administrativo.
Es por eso que para Víctor Manuel Díaz de León, coordinador de Investigación y Análisis del Laboratorio Electoral, la próxima elección judicial en Aguascalientes no garantiza una verdadera competencia y, en algunos casos, como en las magistraturas femeninas para el nuevo Tribunal de Disciplina, es un mero trámite por la falta de candidaturas.
En entrevista con BI Noticias, el experto explicó que para tomar una decisión se necesitan, al menos, dos opciones, y en ese sentido la "posibilidad para elegir -en Aguascalientes- es mínima", porque "para efectos de la democracia como forma de gobierno, si no le das opciones para elegir a la ciudadanía, ésta en realidad no existe".
-¿Van a faltar opciones en las boletas para la elección del 1 de junio?
-Por supuesto.
Díaz de León opina que fueron los Comités de evaluación de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) quienes quedaron a deber con más propuestas, y esto se debe a que con la reforma judicial el proceso de registro de candidatos se le adjudicó a los Comités y no a un organismo especializado y técnico, que pudiera llevar un mejor control, como el IEE.
La falta de perfiles es evidente, por ejemplo, en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) donde se disputarán 11 vacantes pero sólo se postularon 14 personas entre los tres Comités, 8 de ellas son mujeres y los otros 6 son hombres.
Así, sólo tres de esas 14 personas quedarán fuera. El resto tiene su lugar asegurado. De las 11 magistraturas disponibles, 6 son para mujeres y cinco para hombres, por lo que dos mujeres no podrán ganar y sólo un hombre quedará fuera del Supremo Tribunal. Estas son las candidaturas, divididas por género:
*Nota: la tabla sólo es ilustrativa, las ocho participarán y las dos que obtengan menos votos serán las que no logren afianzarse un lugar en el máximo tribunal local
*Nota: la tabla sólo es ilustrativa, los seis participarán y el que obtenga menos votos quedará fuera del máximo tribunal local
Por eso, considera Víctor Díaz de León, es que en la próxima e inédita elección las personas podrán ejercer su voto en las urnas "con lo mínimo que se tiene" y por eso, agrega, este proceso "no es suficiente para considerarlo” como democrático.
"Tenemos que entender que democracia no es sólo ir a votar, es entender el proceso, es dialogar, es ejercer el voto a través de valores, es participar el día de la elección pero teniendo opciones por las cuales votar", añade.
Tribunal de Disciplina: un trámite electoral
Si bien para el STJ la competencia es ya de por sí reducida pues en promedio ni siquiera hay dos personas compitiendo por un mismo puesto, para el nuevo Tribunal de Disciplina la competencia es ilusoria: para este nuevo órgano se pondrán en disputa 5 puestos, pero sólo se postularon 6 personas.
Para este órgano, el segundo en la jerarquía local judicial, se abrieron 3 magistraturas para mujeres y 2 para hombres. En contraparte, se postularon 3 mujeres y 3 hombres, de esa manera, bajo el principio de mayoría relativa, las tres mujeres ya tienen su puesto asegurado. Bastaría con que ellas voten por sí mismas.
"Es mero trámite (...) poco faltó para que dijeran ‘son cinco cargos y son cinco personas, vota por ellas’”, sentenció Díaz de León.
El experto en materia electoral expone que es gracias al principio de mayoría relativa que bastaría con que una persona vote por cualquiera de las candidatas para que estas puedan ganar, ya que “estamos hablando de una elección exactamente igual a la política y el mecanismo de democracia participativa es nuestro sistema de mayoría relativa, que no requiere de un mínimo de participación ni de un mínimo porcentaje de votos para poder obtener el triunfo”.
Las tres candidatas que aparecerán en las boletas para dicho tribunal son las actuales magistradas del STJ, Martha Elba Dávila Pérez y Jannett Romo Zaragoza, quienes decidieron renunciar a competir para renovar su cargo en el Supremo Tribunal, así como la exvicefiscal Jurídica y de Servicios a la Justicia de la Fiscalía estatal, Alicia Nuñez Medina, quien en 2023 fue parte de una terna como aspirante al entonces recién creado Tribunal de Justicia Administrativa. En aquella ocasión no fue electa. Además, Nuñez Medina fue asesora jurídica en el Congreso del Estado de Aguascalientes durante las legislaturas LVII, LVIII y LIX.
Los candidatos hombres para este tribunal son Omar Eduardo Pedroza López, actual subdirector jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Alfonso César Solís Saldaña y Manuel Peña León, subconsejero en la Consejería Jurídica del gobierno estatal. Uno de ellos no ganará.
Divididas por género, las candidaturas y los espacios disponibles quedaron así:
*Nota: la tabla sólo es ilustrativa, los tres participarán y el que obtenga menos votos quedará fuera del nuevo tribunal
Antes de que la lista oficial de candidatos fuera esta, también había sido postulada Liz Paulina Valdez Agüero, quien de acuerdo al padrón del Partido Acción Nacional (PAN) es militante de ese partido desde 2014 y quien, además, no contaba con cédula profesional.
Aún sin cédula, como se puede constatar en el Registro Nacional de Profesionistas, se le permitió hacer examen e incluso fue aprobada como candidata por los Comités del Ejecutivo y el Legislativo. Al final, días antes de que se publicaran las listas oficiales de las personas candidatas, renunció.
Parte del problema de la falta de aspirantes, considera el representante de Laboratorio Electoral, tiene que ver con que, a través de los Comités de Evaluación, los poderes se adjudicaron la labor del registro de candidatos, una tarea que en otras elecciones asumen los institutos electorales y que es un pilar fundamental en el proceso electoral, pues es donde se definen las personas que estarán en las boletas y se pondrán a prueba del escrutinio público.
“El legislativo debió de asesorarse bien en la parte técnica si no querían que los institutos electorales asumieran esa función”, explica. “Creo que sí debieron de asesorarse en materia técnica para poder solventar todas estas situaciones y no llegar a estos absurdos de presentar un número de candidaturas que son exactamente el número de cargos”.
Comentó que “en lugar de poner perfiles profesionales a registrar candidaturas, pusieron perfiles políticos. No es que estuviera mal por sí mismo, es que los resultados que entregan los Comités no son los adecuados para el proceso electoral”.
De acuerdo a lo establecido en la reforma judicial local en realidad existía la posibilidad de que fueran hasta 390 candidaturas, 130 por poder (dos por cargo). Por ejemplo, para el Tribunal de Disciplina se pudieron haber postulado hasta 30 personas, en cambio sólo fueron 6, apenas la quinta parte.
En ambos tribunales destaca que los poderes que hicieron más postulaciones fueron el Legislativo y el Ejecutivo, el Judicial sólo postuló a cuatro personas: María Guadalupe García Durán y Mónica Guadalupe Medina Gómez para el STJ, y las magistradas Dávila Pérez y Romo Zaragoza para el de Disciplina (ellas en realidad fueron postuladas por los tres poderes). El resto fueron del Ejecutivo y Legislativo, quienes postularon en su mayoría a las mismas personas.
Para el STJ, las postulaciones que hicieron por igual el Ejecutivo y Legislativo son: Mariana de Fátima de León Barba, María Guadalupe García Durán, María José Ocampo Vázquez, Xochiltzin Ilancueitl Ramírez Rodríguez, Luz Trinidad Rosales Hernández, Felipe Ávila Orozco, Víctor Manuel Martínez Castillo y José Luis Villareal Jasso. En total son 8 de las 14.
Y para el nuevo Tribunal de Disciplina fueron: Martha Elba Dávila Pérez, Alicia Núñez Medina, Janett Romo Zaragoza y Manuel Peña León. Es decir, 4 de las 6 postulaciones.
El nuevo tribunal
De acuerdo al artículo 55 A de la recién reformada Constitución Política de Aguascalientes, el ya casi definido Tribunal de Disciplina será un órgano con diversas facultades y poder. Tendrá independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones y estas serán definitivas e inatacables.
El Pleno de este órgano jurídico funcionará como segunda instancia en asuntos de su competencia. Pero no sólo eso, también podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, así como atraer procedimientos relacionados con faltas graves y no graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y "sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia", dice la Constitución.
Además, cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante este tribunal hechos que podrían ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial Estatal para investigar y, en su caso, sancionar lo que se denunció. Incluso, podría dar vista al Ministerio Público de algún asunto que implique un delito y solicitar el juicio político de los titulares de los Juzgados electos por voto popular ante el Congreso Local.
Las sanciones que emita el Tribunal podrían ser desde suspensiones y sanciones económicas, hasta la destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas. Sólo los magistrados del STJ no podrán ser removidos por este tribunal.
Independientemente de los perfiles que vayan a llegar a este tribunal, al STJ o a los juzgados locales, lo único que ahora le queda a la ciudadanía es tener muy presente “la actuación de todos estos jueces que vengan de las urnas” añade Díaz de León.
Y sobre el proceso de selección de candidatos y registros, concluye: “lo que mal empieza, mal acaba, no auguro un buen éxito para el proceso en general, pero sí un éxito a secas en cuanto a que se van a instalar las casillas y se van a emitir resultados y mucho va a depender de qué tanto participa la ciudadanía para saber si funciona realmente o no”.
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